Encuestados piensan que 'coimeros' no serán castigados en Panamá
La mayoría de los encuestados de Dichter & Neira opinó que es necesaria una Comisión Internacional Independiente para investigar los casos de corrupción de alto perfil principalmente los relacionados con el escándalo de Odebrecht
Desconfianza en la separación de poderes y en la justicia panameña. Eso es lo que revela la última encuesta de opinión realizada por Dicther & Neira para el mes de febrero.
El documento establece que el 66% de los panameños y panameñas entrevistados piensa que la Asamblea Nacional depende del Órgano Ejecutivo liderado por Juan Carlos Varela. Y el 63% manifestó que la Corte Suprema responde también al Ejecutivo. Esto es un deterioro en la percepción pública en comparación con la encuesta realizada en el mes de enero.
Tampoco hay confianza en el Ministerio Público. El 67% de los encuestados considera “mala” o “muy mala” su labor en el caso Odebrecht. Y 51% califica negativamente a la Procuradora Kenia Porcell, aunque esto representa una mejoría comparada con enero.
Por otra parte, casi dos tercios de la población encuestada llamó “Mala” o “Muy Mala” la labor de la Contraloría General de la República en el caso Odebrecht y el 55% calificó negativamente la actuación del Contralor Federico Humbert.
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Esta desconfianza generalizada quizás explique porque 5 de cada 8 panameños manifestó que los funcionarios que recibieron coimas no serán condenados por la justicia panameña. El 88% afirmó que se debe nombrar una Comisión Internacional Independiente para investigar los casos de corrupción de alto perfil.
Aún así, 73% de los encuestados señaló que es hora que el expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos vengan a Panamá y enfrenten la justicia.
Sobre el proyecto de Ley 245, las opiniones permanecen divididas. El 47% declaró que el proyecto no fortalecerá la justicia panameña y el 38% que sí lo haría.
La encuesta también abordó el tema de las campañas electorales. Cuatro de cada cinco encuestados dijo que las donaciones privadas a las campañas para puestos de elección popular deben ser de conocimiento público.
El 86% consideró que los candidatos de la pasada elección deben hacer pública su lista de donantes y 60% que el financiamiento mixto entre empresa privada y el Estado es el mejor modelo a seguir.