'Inconcebible': Expresidentes Torrijos y Pérez Balladares rechazan decisión de la Corte Suprema sobre jubilaciones especiales

Panamá/La suspensión parcial de las jubilaciones especiales para magistrados del pleno, anunciada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la noche del martes 12 de agosto, sigue generando una ola de críticas y cuestionamientos desde distintos sectores del país.

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Los expresidentes Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares se sumaron al rechazo contra la decisión del pleno, que resolvió mantener el beneficio para jueces y magistrados de tribunales superiores, pero suspenderlo únicamente para los nueve magistrados de la Corte Suprema.

Ese es un tema que ha creado un rechazo nacional, es entendible y yo tengo la esperanza que se rectifique, de que verdaderamente eso se eche para atrás del todo, no que se deje pendiente y que de alguna forma podamos caminar otra vez con la frente en alta creyendo en la justicia panameña", dijo el expresidente Pérez Balladares.

En la misma línea, el expresidente Martín Torrijos, por su parte, calificó la situación como “inconcebible, una falta de conciencia” y advirtió que “no basta solo con la suspensión, yo creo que hay que eliminar esto”.

Torrijos también cuestionó la postura del Ejecutivo, señalando que resulta difícil creer que desconociera el acuerdo del pleno, firmado hace un año y publicado recientemente en la Gaceta Oficial: “Yo honestamente eso no lo creo".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Juan Arias, expresó su inconformidad.

No estamos de acuerdo. Las razones son múltiples, no nos parece justo que pocas personas puedan llevarse una jubilación especial, cuando la mayoría de los panameños no lo tenemos y me incluyo. No es el momento. El gobierno está haciendo recortes presupuestarios grandes, no es momento para buscar aumentos ni jubilaciones especiales. Debió decir eliminar o derogación", planteó.

En la Asamblea Nacional

Desde la Asamblea Nacionall los cuestionamientos no han parado, de hecho, hoy, durante el periodo de incidencias, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, reaccionó al llamado de la magistrada presidenta María Eugenia López que, en días pasados a través de un comunicado, rechazó “todo irrespeto o injerencia de otros Órganos del Estado en los asuntos que únicamente competen al Órgano Judicial”.

Cedeño reiteró que el acuerdo que crea el fondo especial de retiro o jubilaciones especiales tiene visos de inconstitucionalidad; además, recordó que en el sistema de gobierno panameño se aplica el principio de pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado, teoría fallada por la propia Corte Suprema, que es un sistema que evita la concentración excesiva de poder.

“El contrapeso lo debe hacer la Asamblea Nacional por virtud de ley; esto, ¿qué quiere decir? Que eso que lo llaman fondo de retiro debe venir a la Asamblea por una ley, y es la ley que debe expedir el poder legislativo”.

La decisión de la Corte

El martes, en sesión extraordinaria, el pleno de la Corte Suprema discutió el polémico Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024, que establece un fondo especial de retiro para jueces y magistrados. La medida fue publicada el pasado viernes en la Gaceta Oficial y provocó un inmediato rechazo de la sociedad civil, gremios y figuras políticas.

Se anunció que el acuerdo quedaba suspendido únicamente para los magistrados de la CSJ, mientras que se mantiene vigente para jueces y magistrados de tribunales superiores. Además, se rechazó "todo irrespeto e injerencia de otros Órganos del Estado en los asuntos que únicamente competen al Órgano Judicial".

Según la resolución, de los 519 jueces y magistrados del país, alrededor de 133 (26 %) cumplen actualmente con la edad de retiro o jubilación. El fondo contempla un pago adicional que cubre la diferencia entre la pensión de la Caja de Seguro Social (CSS) y el último salario:

• Magistrados de Tribunales Superiores: 60 % de la diferencia.
• Jueces de circuito: 50 % de la diferencia.
• Jueces Municipales: 40 % de la diferencia.

Cabe recordar, que esta resolución se publica en la Gaceta apenas cuatro meses después de que el pleno de la Corte, por insistencia, obligara a la Contraloría General de la República —a cargo de Anel Bolo Flores— a refrendar un aumento salarial de $4,000 mensuales para los magistrados. En ese momento, el contralor calificó el ajuste como “muy inconveniente”, advirtiendo que representaba un aumento del 66 % en los ingresos, elevando el salario mensual a $14,000 (incluyendo sueldo base y gastos de representación). El incremento implica un gasto anual aproximado de un millón de dólares para el Estado.

Además, hay que recordar que las decisiones que tome la Corte en materia salarial y de retiro se extienden a otras instancias de justicia. Y es que la resolución de aumento salarial establecida por la Corte marcó un precedente y abrió la posibilidad para que otros funcionarios con cargos similares soliciten aumentos. Llámese procurador de la Nación, de la Administración, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrados del Tribunal Electoral, etc. Precisamente, los magistrados del Tribunal Electoral tomaron las medidas y se equipararon el salario.

La polémica sigue abierta y, a juzgar por las declaraciones de figuras políticas , sociedad civil y gremiales, el debate sobre la eliminación total de este privilegio continuará en los próximos días.