Extrabajadores de Serviestiba reciben cheques en presencia de la ministra de Trabajo

La ministra Muñoz de Cedeño acompañó la entrega como garante de los acuerdos. El secuestro de bienes de la empresa seguirá vigente hasta garantizar todas las obligaciones laborales.

Serviestiba realiza pagos. / Mitradel

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la presencia de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, extrabajadores de Serviestiba, S.A. recibieron este sábado 31 de octubre los cheques correspondientes al fondo de cesantía, como parte de los acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento suscritos con la empresa.

Serviestiba realiza pagos.
Serviestiba realiza pagos. / Mitradel

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La ministra y su equipo acompañaron la entrega en calidad de garantes del cumplimiento de los acuerdos. Durante la jornada, Muñoz señaló que los pagos representan un avance en la atención de las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores portuarios.

Sin embargo, aclaró que la medida cautelar de secuestro de bienes contra la empresa se mantendrá vigente hasta garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales con la totalidad de los trabajadores.

Pagos por ACH continuarán hasta el lunes

Además de la entrega de cheques, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) indicó que las transferencias ACH comenzaron a reflejarse progresivamente en las cuentas bancarias desde el viernes 30 de octubre y continuarán hasta el lunes 2 de noviembre, como parte del proceso para hacer efectivo el monto acordado.

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Muñoz de Cedeño también manifestó que los trabajadores que no suscribieron acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento serán atendidos posteriormente por la institución, de acuerdo con el curso de los procedimientos correspondientes.

Mitradel mantiene su intermediación para procurar que cada trabajador reciba las prestaciones que le corresponden y que la empresa cumpla sus obligaciones conforme a la ley.

Como se recordarán, la salida de Serviestiba de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal se produce debido a que prestaba servicios a Panama Ports Company (PPC), empresa que operaba las terminales de Balboa y Cristóbal. El 23 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley de concesión que permitía a PPC administrar ambas terminales, ubicadas en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente.

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