La Fiscalía Electoral 'es un chiste', asegura abogado

Política en Panamá

Sede del Tribunal Electoral.
Sede del Tribunal Electoral. / Foto/Archivo

A un año y medio para las elecciones generales del 2024, la actividad política a lo interno de los partidos se activa en busca de ganar simpatizantes que pudieran llevarlos al triunfo, pero en medio de esto también hay proselitismo sin la debida fiscalización de quienes están encargados de velar porque se haga buen uso del subsidio electoral.

Para el abogado Rodrigo Noriega, la Fiscalía Electoral “es un chiste”, porque después de Gerardo Solís que parecía hacer un buen trabajo, los que lo han sustituido no se han plantado a la partidocracia porque vienen de ahí, en consecuencia, ese sistema no funciona.

Sostuvo que la inscripción masiva del Partido Revolucionario Democrático (PRD) el pasado domingo significó millones de dólares en viáticos, transportes, comidas y demás, al igual que el evento realizado en Capira que requirió de gran logística, pero el Tribunal Electoral está ausente.

Dijo que hay que tomar consciencia de que la partidocracia está en guerra y todas las herramientas que están a su alcance las van a usar a su favor, por lo que es necesario que haya un control robusto de parte del Tribunal Electoral que consecuentemente debe solicitar una rendición de cuentas de cómo se pagaron todos los gastos incurridos, si se usó el financiamiento público o si fue a través de donaciones privadas y que se entreguen los recibos.

En cuanto a la escogencia de un nuevo magistrado para el Tribunal Electoral, Noriega recordó que Eduardo Valdés Escoffery tiene 34 años en el puesto, y ante las actuaciones de los otros dos magistrados, es justo que la institución tenga sangre nueva, con conocimiento en el tema electoral, un fuerte carácter y un compromiso con la democracia.

Sobre el levantamiento del sobreseimiento en los casos PAN-Helicóptero y Lava Jato, el abogado dijo que, aunque desconoce los detalles, Lava Jato inició por unas investigaciones en un lava auto en Brasil que los llevó a determinar que pertenecía a una persona que tenía un entramado de sociedad con conexiones con Odebrecht.

Dicho esto, explicó que la Corte Suprema de Justicia dictó sobreseimiento a favor de la diputada suplente, y esta misma consideración la aplicó la jueza Baloisa Marquínez para el resto de los implicados señalando que no se pudieron probar las acusaciones que realizó el Ministerio Público, pero ahora el Tribunal Superior dice que había otros elementos por lo que solicita nuevamente el auto llamamiento a juicio.

Mientras que en el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) por el alquiler de horas de vuelo, indicó que hubo muchos obstáculos por parte de las autoridades de Gobierno que debían proveer información. Calificó de positiva las decisiones del Tribunal Superior para enviar un mensaje de que estos casos no se tienen que tomar a la ligera. 

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