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Panamá/La comisión designada para analizar el futuro de la mina presentará antes de diciembre sus propuestas al presidente José Raúl Mulino, basadas en los resultados de la auditoría integral, información técnica y consultas con las comunidades próximas al proyecto.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que la comisión, integrada además por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, trabaja en posibles alternativas para que el mandatario tome una decisión.
Nosotros estamos trabajando en eso para brindarle al presidente nuestras propuestas basadas en data, basadas en la auditoría, en información técnica sustentada, no en opiniones”, manifestó Moltó al ser consultado sobre un posible mecanismo para reactivar la mina.
Sobre el plazo para presentar las recomendaciones, expresó: “Esto va a ser antes del mes de diciembre. Nosotros pretendemos, lo antes posible, brindarle nuestras propuestas al presidente de la República”.
El ministro defendió la validez técnica del trabajo, luego de ser consultado sobre los señalamientos de grupos ambientalistas que consideran inválida la auditoría y piden el cierre del proyecto.
Moltó explicó que el Gobierno aprobó primero un plan de gestión segura para proteger ambientalmente el área y después ordenó una auditoría integral. A partir de sus resultados, Mulino constituyó la comisión ministerial encargada del análisis.
“Hemos hecho análisis, hemos puesto nuestros equipos a trabajar sobre una auditoría con base técnica, no con base en opiniones, solamente trabajando con la información dura”, sostuvo.
El funcionario no anunció una reapertura ni anticipó cuál será la recomendación de la comisión. Aclaró que aún se evalúan las alternativas y que la decisión corresponderá al presidente.
Moltó aseguró que el procesamiento del material almacenado en el proyecto minero, incluido el concentrado de cobre, ha permitido activar alrededor de 3,100 empleos, sin contar los puestos indirectos.
“Con la activación del procesamiento del stockpile, más la vez pasada del concentrado de cobre, ahí se han activado alrededor de 3,100 empleos. Ni hablar de los indirectos”, expresó.
El ministro señaló que esta actividad también ha reactivado servicios vinculados con el suministro de alimentos, ferreterías y talleres especializados en las comunidades cercanas.
Como ejemplo, relató que conversó en La Pintada con una comerciante dedicada a preparar y entregar alimentos, cuyo negocio se paralizó tras el cierre de las operaciones y ahora volvió a recibir pedidos.
“Eso mueve la economía. Trabajadores están yendo, proveedores están yendo, compran alimentos; la señora de la fonda, el señor de la ferretería, señores que tienen talleres especializados para dar este tipo de servicios”, manifestó.
Moltó recorrió los distritos de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos para conversar con trabajadores, proveedores, residentes y autoridades locales sobre el impacto generado por el cierre de la operación.
Durante la visita sostuvo una reunión en Coclesito con los tres alcaldes y los presidentes de los respectivos concejos municipales.
El ministro dijo que las consultas buscan conocer directamente qué actividades económicas desaparecieron, cuántas personas resultaron afectadas y qué servicios prestaban los pequeños negocios y proveedores.
“Esto no es acerca de una empresa. Esto le pasó a Panamá. Panamá perdió mucho empleo y toda esa gente es a la que nosotros estamos hablando, le estamos escuchando sus opiniones”, afirmó.
Moltó sostuvo que cualquier decisión deberá beneficiar primero a las comunidades próximas a la mina y posteriormente al resto del país.
“Lo que nosotros queremos es que cualquier decisión que el Gobierno tome sea en beneficio directamente de la población, primero de las áreas aledañas y después de todos los panameños”, expresó.
Por ahora, la comisión continúa analizando la auditoría y recabando información. Moltó no precisó si las recomendaciones contemplarán una reapertura, un modelo distinto de operación o el cierre definitivo del proyecto.
El estudio, elaborado por un costo de 539,791 dólares, advirtió que la estabilidad del proyecto dependerá del monitoreo permanente de componentes sensibles, como la presa de relaves, las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad y los programas de restauración ecológica.
Entre los resultados del informe de auditoría se destaca que el componente de Evaluación de la Aplicación de Estándares Técnicos y Operacionales obtuvo la mayor puntuación, con 90.20 puntos, reflejando prácticas operativas consolidadas, mientras que el componente de Cumplimiento Ambiental alcanzó una calificación de 87.64, evidenciando un adecuado nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales aplicables al proyecto.
Pese a estos resultados, la auditoría también detectó áreas con rezagos. Entre ellas destacan los programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies, cuyos niveles de cumplimiento oscilaron entre 40.70% y 45.70%.