Gabinete autoriza presentación del proyecto de ley que busca corregir deficiencias del mercado eléctrico

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete busca corregir las fallas del mercado eléctrico y reforzar la protección al consumidor. Mediante la aprobación de la Resolución N.º 83-26, se autoriza al Ministerio de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar y adicionar artículos al Texto Único de la Ley 3 de febrero de 1997.

La iniciativa responde directamente a las constantes quejas por la calidad del suministro eléctrico. Los usuarios han reportado frecuentes fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio y daños a electrodomésticos. El proyecto también busca corregir deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización al cliente, uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía.

• Nota relacionada: Gabinete aprueba crédito adicional más de $22 millones al IMA para compra de arroz y otros productos de la canasta básica

Entre los cambios propuestos, el documento incorpora reglas estrictas para los próximos contratos. Las empresas distribuidoras deberán ofrecer mayor transparencia en la información, cumplir plazos definidos para atender reclamos y reconocer créditos por incumplimiento de las normas de calidad conforme a las normas reglamentarias vigentes. Además, la autoridad reguladora contará con herramientas más efectivas para su labor de supervisión.

Más control, reglas claras y electrificación rural

Uno de los puntos más relevantes es el aumento drástico de las sanciones. Los prestadores del servicio podrán recibir multas de hasta $20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos también podrá intervenir a las empresas mientras se corrige una falta, se resuelve el contrato o termina la licencia correspondiente.

Para ejecutar esta intervención, se designará un interventor pagado por el propio prestador. Esa persona quedará inhabilitada por un periodo de dos años para mantener vínculos comerciales o profesionales con la empresa intervenida, sus filiales o su grupo económico.

El proyecto además obliga a las distribuidoras a modernizar el sistema mediante la implementación de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, transparencia operativa y compromisos de inversión. La electrificación de zonas rurales no atendidas, no rentables y no concesionadas pasará a ser una obligación inherente a la actividad de distribución.

• Nota relacionada: Asociación de Grandes Clientes advierte posible aumento de la tarifa eléctrica y su impacto en consumidores

El proyecto introduce ajustes regulatorios para reconocer estas inversiones dentro de la estructura de costos del sector, asegurando señales económicas que viabilicen su ejecución.

Según indicó Zelmar Rodríguez, administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), unas 150 mil familias que hoy carecen del servicio podrán acceder a la energía eléctrica. La propuesta también ajusta las normas de competencia para evitar una concentración excesiva y promover una competencia real en la venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas concesionarias.

Asimismo, la reforma fortalece el régimen sancionatorio y las facultades de cobro coactivo para procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final. Con estas medidas, el Ejecutivo busca equilibrar la relación entre empresas y usuarios, garantizar la continuidad del servicio y asegurar que los ciudadanos reciban las compensaciones adecuadas cuando falle la calidad del suministro.