Harley Mitchell asegura que el Estado 'no tiene contrato' con Minera Panamá por ser inconstitucional
Minería en Panamá
Tras las declaraciones de Marcel Salamín y el ministro de Comercio e Industrias Ramón Martínez sobre las negociaciones del nuevo contrato con Minera Panamá, el abogado en temas ambientales Harley Mitchell, dijo que esta mesa negociadora, al tratar temas de derecho público, y que según lo anunciado en los medios de comunicación, buscaría los mejores beneficios para el país, finalmente no lo era.
Mitchell aclaró que, según la Constitución Política, el Estado podrá entregar concesiones a empresas mineras, más no está obligado a hacerlo, pero aquí se está actuando como si estuviera obligado.
“El Estado panameño no tiene contrato con la empresa porque la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional, esto no requiere mayores interpretaciones o aclaraciones. El contrato y todo el contenido de esa ley es inconstitucional porque no siguió, como lo hace la mesa negociadora, lo que dice la Constitución”, aseguró Mitchell aseverando que solo en algunas ocasiones ha escuchado al ministro Martínez hablar del código minero y la ley de Contratación Pública.
Resaltó que a pesar de que el contrato ley que le permite operar fue declarado inconstitucional hace cuatro años, la empresa ha seguido operando bajo el beneplácito de dos gobiernos y eso es inadmisible.
“Qué les va a importar el texto único de la Ley General de Ambiente, qué les va a importar los principios laborales del Código de Trabajo, qué les va a importar los temas de contrataciones y sanitarios, si todo lo constitucional gracias a la complicidad del Estado panameño se le está dando en bandeja de plata para omitirlo a saco", manifestó Mitchell.
Destacó que los funcionarios deben cumplir las decisiones de la Corte. Finalizó diciendo que para que las empresas mineras operen en Panamá como lo han hecho por 30 años o más dependen de que las autoridades violen la ley, omitan preceptos jurídicos, miren para otro lado o minimicen todas las consecuencias jurídicas que pueden traer su mal actuar.
