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Darién, Panamá/Una comisión integrada por representantes de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo fue recibida este jueves en la comunidad indígena de Arimae, ubicada en la provincia de Darién, tras denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en días recientes.
La visita tuvo como objetivo principal verificar los señalamientos de los residentes sobre un operativo llevado a cabo por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), durante el cual, según denuncias de la comunidad, se habrían utilizado cartuchos y municiones en territorio colectivo para reprimir manifestaciones pacíficas.
Fernando Wing, director del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles adscrito a la Defensoría del Pueblo, indicó que la comitiva de derechos humanos estará por dos días en Darién visitando las comunidades de Piriatí, Arimae, Embera Purú y Pueblo Nuevo, para identificar las posibles vulneraciones de derechos humanos en las comunidades en medio de las protestas sociales y escaladas de violencia.
Wing agregó que los hallazgos y testimonios de la comunidad formarán parte del informe preliminar que prepara la Defensoria del Pueblo sobre las protestas sociales a nivel nacional.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo informa que, mediante oficio N393-2025 del Instituto de Medicina Legal, se le ha notificado que no consta en los registros de las morgues judiciales de Darién y Panamá el cuerpo de un menor de 12 años proveniente de la comunidad de Emberá Purú, quien supuestamente habría fallecido durante las protestas sociales de la semana pasada.
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Las protestas, organizadas por líderes comunitarios y habitantes de Arimae, surgieron como rechazo a la Ley 462, y la posible reapertura de la mina de Donoso.
De acuerdo con testimonios recogidos durante la visita, el operativo presuntamente dejó personas con lesiones de gravedad y afectaciones directas sobre tierras ancestrales.
Tanto la comisión de la ONU como la Defensoría del Pueblo documentaron estos hechos con preocupación, al tiempo que organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han manifestado su alarma ante la posible vulneración de garantías fundamentales y el uso excesivo de la fuerza estatal.