Cámara de Comercio podría presentar denuncia ante el MP tras escándalo de los auxilios económicos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), informó este domingo que se encuentran evaluando los elementos legales que les permita denunciar ante el Ministerio Público las diversas irregularidades que han surgido tras el último escándalo, entorno al otorgamiento de los denominados “Auxilios Económicos” por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con el gremio, en reiteradas ocasiones han denunciado la falta de transparencia y la discrecionalidad en dicho programa, por lo que no pueden quedarse “inmutables” e “indolentes” frente a un listado que pone al descubierto la impunidad de quienes tienen el mandato de administrar los recursos del Estado.

“La forma en que ha sido utilizado estos mal llamados auxilios, no nos permite ser meros espectadores por lo que, además de unirnos al clamor nacional exigiendo una investigación a fondo sobre el manejo de estos fondos, nos encontramos estudiando los elementos legales que nos permitan denunciar ante el Ministerio Público este hurto”, expresó la Cámara.

A su vez, manifestaron que esto evidencia la corrosión moral de un grupo de personas que aprovecha sus influencias y conexiones para asaltar el erario sin consecuencia, mezclándose entre aquellos que merecen apoyo por méritos propios.

“Igual de grave, es el hecho de que el Contralor General de la República (Gerardo Solís), en lugar de hacer cumplir las obligaciones que la Constitución le impone de fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos, sea el protagonista de la falta de transparencia al refrendar una gran cantidad de los Auxilios Económicos. No siendo suficiente, ocultando los beneficiarios de miles de éstos. No existe justificación legal ni moral para que un funcionario público de tal envergadura justifique su complicidad por el evidente incumplimiento de sus funciones”, dijeron. 

Para la Cámara, aquellos que organizaron como ejecutaron "este esquema de distribución discrecional de dinero del Estado les debe caer todo el peso de la Ley”. De igual forma, las personas que recibieron fondos públicos sin necesitarlos, deben devolverlos o enfrentar las consecuencias. 

“Hoy queda en evidencia que los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los recursos del Estado se administren con criterio profesional y lleguen a quienes realmente los necesitan, serán tan efectivos como la voluntad de quienes lo implementan. No podemos permitir que los recursos públicos sean malgastados en beneficio de unos pocos, mientras que la mayoría de la población es víctima de una educación que poco o nada les ayuda a evolucionar social y profesionalmente”, destacaron.

La Cámara también señala que es el momento en que los candidatos presidenciales se comprometan con acciones concretas como la real implementación de la carrera administrativa y la digitalización de procesos para el manejo de los fondos públicos, así como la necesidad de acabar con la falta de transparencia y discrecionalidad. Puntualizaron que no dejarán de exigir transparencia, justicia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.