La inacción del Gobierno para atender necesidades de la población ha sido el detonante de la crisis

El economista Raúl Moreira, dijo que, además de la Asamblea Nacional, existe otra institución que está pasando agachada en la crisis que atraviesa el país, la Contraloría General de la República, que ha guardado silencio.

Señaló que el tema de la planilla no es la cantidad de gente nombrada, sino cuántos de los que están allí realmente trabajan o son familiares de los funcionarios de alto mando. Aseguró que las medidas no están teniendo los resultados porque esperaron mucho.

Recordó que en pandemia se advirtió que si el gobierno no daba muestra de transparencia en el uso de los recursos, cuando se requiriera un sacrificio de la población la respuesta iba a hacer ¿por qué yo si estás dando muestra de que no te importa lo que está sucediendo? Eso es lo que está pasando ahora.

Moreira también remembró que cuando empezó el incremento de precio se recomendó suspender el cobro del impuesto lo que evitaría el alza de los pasajes y alimentos, pero no se hizo, provocando una escalada de precios y ahora que se toma, incluso por encima de lo recomendado la gente siente que no es suficiente porque el nivel de insatisfacción creció.

Dijo que le preocupa el planteamiento del congelamiento de los precios del combustible a los costos que había en 2019 y que sea permanente, ya que, no sabe si alguien los está asesorando sobre las consecuencias de la pandemia y el conflicto bélico que han hecho que aumenten los precios.

Sobre la reducción de la planilla, dijo que también es preocupante, ya que son cerca de 27,000 personas que quedarán sin trabajo, sin que realmente se verifique si son personas productivas o no, porque la Contraloría no está haciendo su trabajo y eso se sumará a quienes ya están desempleado.

“Es tanta la insatisfacción por un lado y el echarle leña al fuego por lado que hace que una medida que le va a costar al Estado 280 millones de dólares por tres meses”, expresó el economista señalando que el Estado no tiene espacio para hacer contención del gasto.

Recalcó que, mucho se señalan los subsidios a los hogares necesitados, pero no se habla de las exoneraciones a empresas portuarias, al ferrocarril, y recientemente las empresas de turismo que nunca se ha contabilizado el sacrificio del Estado con esas exoneraciones, lo que representa un subsidio, porque esas empresas trabajan subsidiadas y son ingresos que deja de percibir el Estado.

El economista dijo que también es necesario que se comprometan a que se declare lo que las empresas mineras están dejando de reportar en la explotación de oro y molibdeno que son miles de millones de dólares que servirían para satisfacer las necesidades de la gente que está en la calle.

Aseguró que es importante en aliviar el costo del combustible, pero reiteró que el gobierno fue lento en tomar la medida y lo ha hecho por el clamor del pueblo, pero a esto se le ha sumado componentes históricos como la Asamblea que, hasta ayer en la tarde parecía que no les afectaba lo que sucedía en el país. Sin embargo, resaltó que es necesario que aparezca la Contraloría y haga su trabajo.

En cuanto a los productos anunciados por el Gobierno que serían congelados, indicó que son rubros que han aumentado drásticamente su precio, sin embargo, hay otros productos como la leche y el pollo que debieron ser incluidos.

Destacó que cuando se estableció el control de precio en la administración pasada, lo ideal era que cuando salieran de la medida no subieran de precio, sin embargo, no pasó e incluso sucedió lo contrario de lo que decían los detractores de la medida, todos los productos siguieron aumentando su precio.

“El Gobierno tiene una inacción espantosa para dar respuesta a la población”, aseveró Moreira.

También expresó su preocupación por la radicalización de las protestas, indicando que pedir el costo del combustible a 3.00 dólares no es realista, porque el gobierno podría satisfacer esas peticiones, pero eso significaría la adquisición de más deuda, por ello considera que los dirigentes deben analizar hasta dónde puede llegar la exigencia al Estado.

Moreira reiteró que reducir la planilla ya es algo que no va a suceder porque son 27,000 panameños que dejarán de percibir ingresos y que además serán los saldrán a las calles después.