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Ciudad de Panamá/Las empresas inmobiliarias se mantienen entre las actividades económicas con mayor número de quejas presentadas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), con un total de 170 reclamaciones registradas entre enero y mayo de 2026, que representan un monto de $7,894,141.10.
Según el informe del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas de la entidad, la principal causa de reclamo fue la devolución de dinero, con 93 casos y una cuantía de $1,970,646.44.
Entre los motivos más frecuentes también se encuentran el incumplimiento de garantía, con 24 reclamaciones por $1,635,719.91; los vicios ocultos, con 20 casos que suman $1,028,076.33; y el incumplimiento de contrato, con 11 expedientes que alcanzan $1,048,726.82.
Además, la Acodeco reportó que se presentaron quejas relacionadas con falta de información (10 casos), cláusulas abusivas (9), anulación de contrato (2) y resolución de contrato (1).
Aunque la devolución de dinero concentra la mayor cantidad de expedientes, los reclamos por cláusulas abusivas generaron un impacto económico significativo, al sumar $1,397,932.00 en solo nueve casos.
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En cuanto a los procesos resueltos por los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y Defensoría de Oficio, la institución informó que se lograron cerrar 100 casos, favoreciendo a los consumidores con recuperaciones por $5,241,291.20.
De estos procesos, 54 culminaron mediante acuerdos entre las partes, permitiendo recuperar $3,617,018.81 para los afectados. Asimismo, cuatro casos finalizaron con fallos favorables emitidos por la Defensoría de Oficio, por un monto de $267,880.00.
Ante esta situación, la Acodeco reiteró el llamado a los consumidores que adquieren viviendas, apartamentos u otros proyectos residenciales a revisar detalladamente los contratos, solicitar información clara sobre las condiciones de la obra, verificar los plazos de entrega y conservar todos los documentos relacionados con la compra.
La entidad destacó que estas medidas permiten a los compradores proteger sus derechos y reducir el riesgo de enfrentar conflictos posteriores con las empresas inmobiliarias.