Fuga en La Joyita | Mulino habla de denuncias, separaciones de cargo e investigación: ‘No tengo a ningún protegido’

A 18 días de la mayor fuga masiva en el Centro Penitenciario La Joyita, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a lo ocurrido y aseguró que de los 195 evadidos ya se recapturaron 178, mientras que continúan los operativos para ubicar a los 17 restantes.

“No son presos de alto perfil ni jefes de banda, son fugados que cometieron delitos”, indicó.

Mulino detalló que se mantienen las investigaciones internas profundas, y que, hasta ahora, hay funcionarios que han sido apartados del cargo, aunque no ofreció detalles de cuántos y qué grado de responsabilidad podrían tener en el descontrol que generó la fuga masiva, y que se ha presentado una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación; tampoco explicó sobre quién o quiénes.

“Mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que paguen. No habrá protección legal ni política a favor de nadie. Tampoco quiero entregar una cabeza porque lo pide alguien como forma de tapar lo verdadero y profundo de este hecho, para que después nada cambie, porque en ese río revuelto hay varios pescadores que se aprovechan, y tienen las cañas listas para tirarlas al agua”, subrayó.

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El mandatario, que dijo estar “indignado y avergonzado” por la fuga, aseguró que no tiene “a ningún protegido”: “sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”.

"La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó; la vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron", afirmó.

Aunque la fuga se produjo cuando realizaba una gira oficial en Grecia, explicó que dio instrucciones inmediatas sobre las acciones a desarrollar tras el caos que se generó.

“Desde el momento de la fuga y el caos que se maneja después, di instrucciones directas de separar urgentemente los guardias y el jefe de seguridad, imponer el orden, realizar requisas masivas, imponiendo la ley y el respeto para desarticular las bandas que operaron desde la cárcel, que son responsables de parte de la violencia en las calles”,

Señaló que 155 presos han sido judicializados por las fugas y recibirán penas de hasta 7 años que se suman a las penas que ya tenían. De ese total, a 28 de los fugados ya se les impusieron tales penas.

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Requisas

En su conferencia de este jueves 18 de junio, también se refirió a la serie de requisas que se han registrado en diversos centros penitenciarios del país durante la semana, logrando sacar decenas de armas, drogas, artículos de lujo y otros objetos prohibidos.

Criticó que diversos grupos y organizaciones sociales han alzado su voz por los derechos humanos de los reos, pero no por las familias que han sido víctimas de la violencia.

Estoy a favor de los derechos humanos, pero siempre empezando por los derechos humanos de las víctimas, de todos los panameños que podemos ser víctimas de estos delincuentes, no de ellos primero”, precisó.

A su cuestionamiento agregó que “supuestos defensores reclaman sobre hacinamiento, pero no reclaman sobre el daño permanente que le hicieron a las madres que les mataron un hijo, a las mujeres que violaron, a los que extorsionaron, o a los que violentaron en sus hogares para robarles todo”.

Se ofuscó con el hecho de que todo el Estado paga cerca de $2 millones en luz en las cárceles, y estos delincuentes utilizan esa luz para cargar celulares para enviar instrucciones a pandillas y extorsionar a la población con estafas y otros métodos engañosos.

El buen panameño suda por pagar su cuenta de luz, cada vez más cara, por cierto, y los presos que la tienen gratis, la usan para joder a quienes les pagan su comida y su luz", apuntó.

Aseguró que reos de alto perfil se han aprovechado del sistema de resocialización del siglo pasado.

Reformas al Sistema Penitenciario

Este hecho, catalogado como la mayor fuga en la historia del país, ha causado una ola de críticas en todos los sectores del país.

Ante este escenario, el mandatario anunció que se realizarán los ajustes necesarios, primero con los funcionarios que incumplieron su deber y luego con una “cultura carcelaria que debe cambiar, adaptada a las necesidades actuales de mantener el orden, disciplina y aislamiento” .

“Es hora de utilizar modelos duros, que están dando resultados en otras partes, con nuevas estructuras y políticas públicas que anunciaré el 1 de julio”, advirtió.