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Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió este jueves el traslado de 29 privados de libertad catalogados de alta peligrosidad a una instalación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la isla Coiba, argumentando que la medida responde exclusivamente a necesidades de seguridad nacional y no representa una amenaza para el ambiente ni para el Parque Nacional Coiba.
Durante sus declaraciones en la conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que la decisión busca contener las operaciones criminales que continúan siendo dirigidas desde algunos centros penitenciarios del país.
"Esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino de la seguridad de los panameños", afirmó Mulino, al tiempo que recordó que la base utilizada para albergar a los detenidos fue construida durante su gestión como ministro de Seguridad, tras consultas con organizaciones ambientalistas de la época.
El presidente enfatizó que las instalaciones donde permanecen los reclusos no se encuentran dentro del Parque Nacional Coiba y aclaró que no se ha levantado ninguna estructura nueva para este propósito.
"No se ha construido un pabellón nuevo, simplemente se ha adaptado para que allí vivan detenidos seres humanos a quienes hay que brindarles alimentación, agua y otras facilidades básicas", señaló.
Mulino también rechazó las críticas que han surgido tras el traslado y aseguró que existe una percepción errónea de que los privados de libertad se encuentran dispersos por la isla.
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"Estos presos de alta peligrosidad no están sueltos por la isla. Están detenidos en el centro del Senan", indicó, explicando que el mismo recinto es utilizado habitualmente para mantener bajo custodia a personas detenidas por delitos ambientales, como la pesca ilegal en los alrededores de Coiba.
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El mandatario insistió en que la presencia de 29 reclusos en la instalación no genera ningún impacto ecológico y destacó que el Gobierno incluso desarrolla proyectos para fortalecer la protección ambiental en el área.
"Estamos construyendo una estación para sumar unos 30 guardaparques de MiAmbiente en ese sector", afirmó.
Mulino también cuestionó a quienes han expresado preocupación por las condiciones de detención y los derechos humanos de los trasladados.
Tras conocerse el traslado el pasado sábado 13 de junio, organizaciones civiles, empresarios, derechos humanos, políticos y otros sectores han manifestado su oposición a esta medida, dado que Coiba dejó de funcionar como un penal en 2004.
Aseguró que su administración respalda los derechos humanos, pero priorizando a las víctimas de la delincuencia.
"Estoy a favor de los derechos humanos, pero siempre empezando por los derechos humanos de las víctimas", expresó.
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El presidente señaló que muchas de las personas trasladadas están vinculadas a homicidios, violaciones, extorsiones y otras actividades criminales que continúan coordinando desde las cárceles mediante teléfonos celulares y otros mecanismos ilícitos.
Además, vinculó la reciente fuga de reclusos del sistema penitenciario con fallas estructurales y posibles actos de complicidad dentro de los centros penales.
"La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó. La vinculación de presos en actividades ilícitas demuestra que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron", manifestó.
Finalmente, reiteró que el traslado forma parte de una estrategia para impedir que cabecillas criminales sigan operando desde prisión y sostuvo que el Estado debe garantizar primero la seguridad de la mayoría de los panameños.