Mulino sanciona ley que endurece penas por estafa y ciberdelitos; condenas ascienden hasta 12 años de prisión

La norma, que también lleva la firma de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, introduce cambios específicos a los artículos 220 y 221 del Texto Único del Código Penal.

Con la reforma, el artículo 220 establece que toda persona que, mediante engaño, obtenga un beneficio ilícito para sí o para un tercero en perjuicio de otra persona será sancionada con penas de prisión de tres a seis años. / Pixabay

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, que modifica artículos del Código Penal relacionados con el delito de estafa y establece penas más severas, así como nuevos agravantes para este tipo de delitos.

La norma, que también lleva la firma de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, introduce cambios específicos a los artículos 220 y 221 del Texto Único del Código Penal. Con la reforma, el artículo 220 establece que toda persona que, mediante engaño, obtenga un beneficio ilícito para sí o para un tercero en perjuicio de otra persona será sancionada con penas de prisión de tres a seis años.

Además, la legislación incorpora agravantes que permitirán aumentar la condena hasta en una tercera parte en determinados casos. Entre ellos figuran los delitos cometidos abusando de relaciones personales o profesionales, las estafas realizadas a través de medios cibernéticos o informáticos y los casos en que se utilice o suplante la identidad de otra persona para obtener beneficios.

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La nueva normativa también endurece las penas contempladas en el artículo 221 del Código Penal. En estos casos, las sanciones pasarán a ser de siete a 12 años de prisión cuando la lesión patrimonial supere los 100 mil dólares.

Igualmente, la pena aumentará cuando el delito sea cometido por apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones, así como en perjuicio de la administración pública o de entidades de beneficencia, siempre que el daño económico exceda los 10 mil dólares.

La reforma busca reforzar el combate contra las modalidades de fraude y estafa, especialmente aquellas vinculadas al uso de herramientas digitales y delitos de suplantación de identidad, que han mostrado un incremento en los últimos años.

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