Caso Vale Digital: Apartamento en Yoo, comisión del 0.5% y $100 millones, lo que reveló la audiencia
La plataforma objeto de la investigación fue utilizada para el pago de programas de ayuda social durante la pandemia, entre ellos el Vale Digital y becas estatales.
Panamá/El caso Vale Digital volvió a escena este jueves en una audiencia de garantías que expuso las piezas de un complejo entramado de supuestas irregularidades en el manejo de fondos estatales y el uso de plataformas tecnológicas durante la pandemia del covid-19.
La fiscal Thalía Palacios detalló que, aunque aún no existe una auditoría —solicitada hace un año—, su despacho cuenta con información de que los fondos destinados por el Mides, Mitradel e Ifarhu alcanzaron alrededor de $100 millones en el marco del plan Panamá Solidario.
Según la fiscalía, bajo la dirección de Luis Oliva en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), entre 2021 y 2023, se modificó la plataforma utilizada para la entrega del Vale Digital, que originalmente era administrada por Cable & Wireless.
La diferencia no fue menor. Cable & Wireless no cobraba a los comercios por el uso de la plataforma, mientras que con la llegada de Oliva se implementó la “Listo Wallet”, manejada por Fintek S.A., la cual cobraba un 0.5% por cada transacción a los comercios afiliados (que a su vez recibían los pagos del Estado). Según la fiscalía, Oliva habría permitido la malversación y el uso indebido de la base de datos del Estado, entregándola a un privado que lucró con ella sin contar con contrato con el Estado.
El apartamento en Yoo, Balboa
Otro señalamiento contra Oliva es de carácter personal. La fiscalía asegura tener los indicios que lo vinculan al haberse beneficiado del uso de un apartamento en el edificio Yoo, en la avenida Balboa, propiedad del Grupo Attie. Según la investigación, Oliva habría recibido las llaves del inmueble, habitado por dos años, sin pagar el arrendamiento, acumulando una deuda de $20 mil. La defensa replicó que en el expediente consta un reconocimiento de deuda y el compromiso de pagarla.
Oliva, por su parte, defendió su solvencia actual al señalar que trabaja como consultor para el Banco Mundial y como socio de la empresa Pronto Médic.
Asociación ilícita y vínculos privados
El Ministerio Público también presentó cargos de asociación ilícita y peculado. Según Palacios, la abogada Janice Becerra, quien fue consultora del despacho superior de la AIG, es decir, de Oliva, devengó ingresos por $359,590 desde 2019 hasta julio de 2023; al tiempo que trabajaba en Fintek S.A. y el Grupo Attie, lo que representaría un claro conflicto de interés.
El empresario Budy Attie, considerado beneficiario del esquema, es investigado junto con Oliva y Becerra por peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir. La Fiscalía tiene seis meses para seguir con su investigación.
Medidas cautelares
El juez de garantías resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención.
- A Becerra: reporte periódico los días 14 de cada mes e impedimento de salida del país.
- A Oliva y Attie: reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes, además del impedimento de salida del país.
La plataforma objeto de la investigación fue utilizada para el pago de programas de ayuda social durante la pandemia, entre ellos el Vale Digital y becas estatales. Aún está pendiente la audiencia de control de garantías a Ralph Attie Djamous, quien se encuentra hospitalizado, luego de sufrir un colapso al momento de ser notificado de su aprehensión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Con información de Meredith Serracín
