Casos de alto perfil, en manos de los tribunales y la Sala Penal

Hace más de diez años, cuando la justicia panameña comenzó a investigar los casos de corrupción de la administración de Ricardo Martinelli, fueron calificados en su momento como una persecución política, ante el desgreño administrativo que había socavado las finanzas públicas.

Y es que fue en ese periodo donde se registra un volumen importante de obras públicas, por la bonanza económica que vivía el país y que fue bien aprovechada por las autoridades en turno.

El caso más sonado fue el de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, como contratista del Estado, desarrolló megaobras como la línea 1 y 2 del Metro, un tramo de la carretera interamericana entre Santiago y Viguí, en la provincia de Veraguas; la Cinta Costera Tres, entre otros que representaron millones de dólares en inversión.

El pasado mes de febrero, esas inversiones quedaron en evidencia en los estrados del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales. En medio de la audiencia, salieron a relucir los sobrecostos y las artimañas de empresarios y exfuncionarios, que lucraron de una manera perversa con el Estado.

Hoy, está en manos de la jueza, Baloísa Marquínez, dictar sentencia a todos los allí señalados: el exministro de Obras Públicas Federico Suárez; el exministro de Vivienda Carlos Duboy; el uruguayo Juan Francisco Mutio; el banquero Juan Antonio Niño; el médico Jaime Lasso; Rodrigo Díaz Paredes; y los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas.

También solicitó condena para los exministros Demetrio Papadimitriu y Frank De Lima, así como para el expresidente Ricardo Martinelli, además de Fransec Xavier Perez y Cristina Lozano Bonnet.

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Pero dentro de ese mismo proceso y por estar bajo el resguardo como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), no han enfrentado a la justicia los hijos del expresidente Martinelli; Luis y Ricardo Martinelli Linares, confesos en Estados Unidos. Además del expresidente Juan Carlos Varela, los tres a merced de la Corte Suprema de Justicia, que todavía no define cuándo sentarlos en el banquillo de los acusados.

Fijan audiencia.

Sin embargo, ante una magistral jugada del abogado del empresario Aaron Miztachi, tras interponer un amparo de garantías constitucionales para evitar que este compareciera a este juicio, el Tribunal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, lo excluyó y no pudo ser procesado dentro de la audiencia ordinaria.

Lo anterior fue apelado por la Fiscalía Anticorrupción, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia, desestimó dicho amparo y ahora enfrentará la justicia solo el 3 de junio de 2026 y como fecha alterna el 24 del mismo mes.

Intercambiadores Vía Brasil y Cinta Costera 3

Sobre este caso, el Juzgado Primero Liquidador de Casusas Penales decidió llamar a juicio al exministro de Obras Públicas Federico Suárez, María Eugenia González, Juan Manuel Vásquez, León Emilio Halphen, Héctor Castillo, Avelino Acero, Julio Casla, Eugenio del Barrio y la comunicación a las sociedades del Grupo FCC.

Igualmente, se dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Marcelo De La Rosa, Sergio Del Sour, Cresencio Pomares.

Se trató de cinco investigaciones relacionadas con asignación de contratos para la ejecución de obras a las empresas Fomento de Construcción y Contratas (FCC) y Odebrecht que, según auditoría de la Contraloría, revelaban sobreprecios por unos $308 millones.

Autopista Arraiján-La Chorrera

Este caso aún se encuentra en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales a la espera de que se formalice el anuncio para presentar los escritos de casación por parte de los abogados defensores y ser elevados a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Y es que El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la sentencia de primera instancia y condenó al exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez, a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

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La decisión quedó plasmada en la sentencia de segunda instancia No. 27, del 1 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal revocó el fallo absolutorio emitido el 2 de abril de 2025 por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que, en ese entonces, estuvo a cargo de la jueza Agueda Rentería. Con decisión, los magistrados concluyeron que existieron responsabilidades penales en la ejecución del contrato de la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las obras viales más importantes del país, desarrollada durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

El fallo también alcanzó a otros implicados. Daniel Miguel Ochy, Lester Mendoza y Miguel González Martínez fueron sentenciados a ocho años de prisión, mientras que Alcides Velásquez recibió una condena de seis años.

El denominado caso Autopista Arraiján–La Chorrera se originó por irregularidades en el contrato de diseño, construcción, rehabilitación y ensanche de esta vía, ejecutado entre 2010 y 2017. La investigación apuntó a sobrecostos, manejo indebido de fondos públicos y afectación directa al patrimonio del Estado.

Caso Bleu Apple

Este proceso también está bajo el escrutinio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que desde el pasado 30 de diciembre informó del ingreso del recurso de casación contra la sentencia mediante la cual se condenó a nueve personas, entre ellas el exasesor presidencial del gobierno de Ricardo Martinelli, Adolfo “Chichi” de Obarrio, los exministros de Obras Públicas, Federico José Suárez y Jaime Ford, además de Ricardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, y otros, por los delitos de blanqueo de capitales en perjuicio de la sociedad panameña dentro del caso Blue Apple.

La decisión fue notificada mediante edicto y corresponderá ahora a la Corte Suprema de Justicia decidir si casa o no la sentencia impugnada, una determinación que podría confirmar, modificar o anular total o parcialmente el fallo emitido en el caso Blue Apple, sobre la responsabilidad penal y pago de las multas correspondientes aplicadas a los condenados.

Entre los condenados figuran los exministros de Obras Públicas:

Federico José Suárez Cedeño, condenado a 168 meses de prisión y al pago de una multa de 27 millones 401 mil 837 dólares con 54 centavos.

Jaime Ford, condenado a 80 meses de prisión y al pago de una multa de 11 millones 428 mil 933 dólares con 52 centavos.

El juzgado también declaró penalmente responsables a:

Adolfo “Chichi” de Obarrio, condenado por blanqueo de capitales a 120 meses de prisión y al pago de 5 millones 91 mil 486 dólares con 92 centavos.

Juan Daniel Girón Samaniego, por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos, imponiéndole una pena de 64 meses de prisión.

César Jaramillo Gutiérrez, condenado a 72 meses de prisión por corrupción de servidores públicos.

Por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita agravada para cometer blanqueo de capitales, fue condenado:

Octavio Samaniego Castillo, a la pena de 152 meses de prisión.

Asimismo, por el delito de blanqueo de capitales, se dictaron las siguientes condenas:

George Joseph Moreno Pérez, a 80 meses de prisión.

Alcides Antonio Bernal Zambrano, a 60 meses de prisión.

Ricardo Francolini Arosemena, a 60 meses de prisión, además del pago de una multa de 470 mil dólares.