Conceden amparo de garantías y validan segunda investigación por caso Odebrecht

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia / Cortesía

El máximo tribunal de justicia en Panamá dio validez a una nueva investigación relacionada con los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht, al conceder un amparo de garantías constitucionales a la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Esta investigación fue iniciada en el año 2017 y se mantiene como sumarias en averiguación (sin personas imputadas), luego que Suiza ofreció información a la Fiscalía en Panamá sobre transacciones realizadas por la sociedad Flerigan International, que presuntamente fue utilizada por Odebrecht para el pago de coimas.

Acto seguido, la Fiscalía solicitó asistencias judiciales internacionales a Antigua y Barbuda e Islas Vírgenes, como parte de esas investigaciones preliminares y fue allí cuando Iván González Chial, interpuso un recurso de nulidad alegando que estaba siendo mencionado en el caso y no se le permitió su derecho a ser asistido por un abogado.

El expediente fue declarado nulo por el Segundo Tribunal el 2 de enero de 2019, acogiendo el recurso de González. Y fue entonces que la Fiscalía interpuso un amparo de garantías en la Corte, que hasta ahora es resuelto.

El fallo de la Corte del 6 de mayo de 2020, fue unánime, tuvo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, que concedió el amparo de garantías y revocó la declaratoria de nulidad, dando validez a la investigación.

Los magistrados indicaron en el fallo que en esta fase de investigación preliminar, la ley no obliga a la Fiscalía a designarle un abogado a una persona que sólo es mencionada, pero no ha sido imputada ni indiciada. Es decir no se le han formulado cargos.

Advirtieron que a González Chial no se le violó su derecho a defensa, debido a que desde el 27 de agosto de 2018, la Fiscalía permitió que fuese representado por dos abogados que solicitaron pruebas y presentaron el recurso de nulidad. Concluyeron que hubo violación al debido proceso contemplado en el artículo 32 de la Constitución.

Este caso es distinto al expediente en el que hay otras 86 personas imputadas por blanqueo de capitales, cuyo fase de investigación concluye el próximo mes de octubre.

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