Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo
La audiencia de apelación quedó programada para el miércoles 10 de septiembre.
Panamá/Katerine Roxana Carvalho Hidalgo, propietaria de los salones de belleza "Donde La Parce", logró que se le reemplazara su pena de prisión, por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Juan Díaz.
Esto ocurrió luego de que, a solicitud de la defensa, la jueza Tulia Morelos Pardo aceptara reemplazar la pena de 60 meses de prisión por labores comunitarias ayer martes.
Sin embargo, esta decisión fue apelada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, al considerar que la sanción no cumple con el carácter de ser “disuasiva del delito”. La audiencia de apelación quedó programada para el miércoles 10 de septiembre en el Tribunal Superior de Apelaciones.
Katerine Roxana Carvalho Hidalgo se mantiene bajo detención hasta que se resuelva la apelación.
Un caso de millones blanqueados
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que esta organización blanqueó más de 7 millones de dólares, utilizando como fachada 15 salones de belleza. Estos locales operaban en Panamá Oeste —en los distritos de Arraiján y La Chorrera— y en varios puntos de la capital, como Calidonia, El Dorado, Vía Veneto, Brisas del Golf, Las Mañanitas, Don Bosco, 24 de Diciembre y Albrook.
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Con el acuerdo de pena, fueron decomisados a favor del Estado 3.3 millones de dólares en propiedades, entre ellas 12 apartamentos, una casa valorada en 1 millón de dólares en Costa del Este, además de 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias. Estos bienes deberán ser subastados, mientras que los fondos ya ingresaron a las cuentas del Tesoro Nacional, según fuentes judiciales.
El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron dinero en efectivo.
¿Por qué siguen abiertos los salones?
Aunque Carvalho Hidalgo fue condenada, los salones de belleza “Donde La Parce” permanecen abiertos. ¿La razón? Según conoció este medio, esto ocurre porque el aviso de operaciones no ha sido cancelado, un trámite que corresponde al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado impuso además una multa de 5 mil dólares a la sociedad bajo la cual operaban los locales y ordenó su disolución, junto con la de una fundación vinculada a la red.
En este caso, aún hay tres personas detenidas provisionalmente, entre ellas la pareja sentimental de la condenada, quien además tenía pendiente otra condena por un delito contra la propiedad industrial.