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Exdirectivos de Financial Pacific son condenados a 96 meses de prisión por estafa agravada
Esta causa tuvo su origen en 2012 tras la intervención de la liquidada casa de valores Financial Pacific.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a Iván Clare Arias, Mayte Pellegrini, West Valdés y Oscar Enrique Rodríguez a la pena de 96 meses de prisión por la comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa agravada en perjuicio de Caye International Bank.
La información está contenida en el edicto No. 575 y del cual se hace del conocimiento la sentencia condenatoria No. 57 emitida por la juez Águeda Rentería contra los exdirectivos de Financial Pacific (FP).
La audiencia por este caso se desarrolló el pasado 24 de abril del presente año, y la fiscal de Descarga Nivia Magali Lorenzo pidió al tribunal la condena para los antes mencionados.
Las investigaciones que desarrolló el Ministerio Público determinaron que los procesados, mediante actos fraudulentos, indujeron a Caye Bank International a transferir dinero a la cuenta bancaria de FP, la cual no estaba regulada ni autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para realizar actividades financieras.
La querella presentada contra los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific, por una estafa que alcanzaba los $12 millones en perjuicio de Caye International Bank, una entidad financiera registrada en Belice, con la cual mantenía relaciones de negocio.
Hay que destacar que la Superintendencia de Mercado de Valores intervino esta casa de valores. En octubre de 2012, ya se habían iniciado varios procesos tras recibir alertas de situaciones sospechosas que fueron reportadas.
Para ese entonces, la entidad bancaria había solicitado a los entonces directivos de FP el estado de cuenta de sus dineros.
Sin embargo, al ser intervenida FP, desde entonces los dineros de Caye International Bank fueron congelados.
El banco, al verse afectado porque el dinero no aparecía, presentó la querella, en cuyo documento se indicó que el último estado de cuenta recibido fue el 30 de abril de 2012, y para ese entonces mantenía un saldo de $2,619,816, pero el paradero de dichos fondos hasta ese momento era desconocido.
Con la sentencia emitida, la jueza Águeda Rentería se dispuso a detallar a los señalados que, como pena accesoria, se les inhabilitó para ejercer funciones públicas por igual término, una vez cumplida la pena principal.
