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Caso Blue Apple: Sala Penal admite recurso de casación sobre condenas a exministros y otros por blanqueo de capitales
El recurso de casación se interpone contra la sentencia mixta N° 4 del 13 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en abril de este año.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó hoy, 30 de diciembre, el ingreso formal del recurso de casación sobre la sentencia mediante la cual se condenó a nueve personas, entre el exasesor presidencial del gobierno de Ricardo Martinelli, Adolfo “Chichi” de Obarrio, los exministros de Obras Públicas, Federico José Suárez y Jaime Ford, además de Ricardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, y otros, por los delitos de blanqueo de capitales en perjuicio de la sociedad panameña dentro del caso Blue Apple.
La decisión fue notificada mediante edicto y corresponderá ahora a la Corte Suprema de Justicia decidir si casa o no la sentencia impugnada, una determinación que podría confirmar, modificar o anular total o parcialmente el fallo emitido en el caso Blue Apple, sobre la responsabilidad penal y pago de las multas correspondientes aplicadas a los condenados.
La resolución de admisión fue firmada por la magistrada sustanciadora Otilda Vergara de Valderrama.
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Sentencia mixta: condenas, absoluciones y comisos
El recurso de casación se interpone contra la sentencia mixta N.º 4 del 13 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en abril de este año.
En este proceso, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, logró sentencia condenatoria contra ocho personas.
Entre los condenados figuran los exministros de Obras Públicas:
- Federico José Suárez Cedeño, condenado a 168 meses de prisión y al pago de una multa de 27 millones 401 mil 837 dólares con 54 centavos.
- Jaime Ford, condenado a 80 meses de prisión y al pago de una multa de 11 millones 428 mil 933 dólares con 52 centavos.
El juzgado también declaró penalmente responsables a:
- Adolfo “Chichi” de Obarrio, condenado por blanqueo de capitales a 120 meses de prisión y al pago de 5 millones 91 mil 486 dólares con 92 centavos.
- Juan Daniel Girón Samaniego, por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos, imponiéndole una pena de 64 meses de prisión.
- César Jaramillo Gutiérrez, condenado a 72 meses de prisión por corrupción de servidores públicos.
Por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita agravada para cometer blanqueo de capitales, fue condenado:
- Octavio Samaniego Castillo, a la pena de 152 meses de prisión.
Asimismo, por el delito de blanqueo de capitales, se dictaron las siguientes condenas:
- George Joseph Moreno Pérez, a 80 meses de prisión.
- Alcides Antonio Bernal Zambrano, a 60 meses de prisión.
- Ricardo Francolini Arosemena, a 60 meses de prisión, además del pago de una multa de 470 mil dólares.
En la misma causa, el juzgado absolvió a diez (10) imputados. De estos, el Ministerio Público había retirado los cargos a cuatro.
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Comiso de bienes y recuperación de fondos
Como parte del fallo, se ordenó además el comiso de bienes y cuentas bancarias, entre ellos, PH Bristol Buenaventura, valorado en $235 mil, PH Wind Rose y un terreno en el distrito de Mariato, valorado $63 mil y cuentas bancarias.
Todos estos bienes fueron puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme al artículo 4 de la Ley 57 de 17 de septiembre de 2013.
Origen de la investigación
El Ministerio Público inició la investigación en octubre de 2017, tras un informe de inteligencia policial que alertó sobre la sociedad anónima Blue Apple Services, presuntamente creada por miembros de la administración gubernamental del período 2010–2014 para disfrazar o blanquear fondos provenientes de coimas y sobornos, relacionados con la adjudicación de proyectos de construcción a nivel nacional, utilizando el sistema bancario local e internacional.
