Exrepresentante de Nueva Gorgona queda detenida provisionalmente por uso irregular de fondos
Según las investigaciones, durante su administración, causó una lesión patrimonial al Estado por un total de $304,713.14.
Ciudad de Panamá/La exrepresentante de Nueva Gorgona, Miriam Bernal, permanecerá bajo detención provisional luego que la Fiscalía Anticorrupción lograra que el Tribunal Superior de Apelaciones le revocara la medida de reporte periódico y otras medidas cautelares, que le habían impuesto en una audiencia realizada el pasado 26 de agosto.
Beernal, que pertenece al Partido Revolucionario Democrático y ejerció como representante en el periodo 2019-2024, está bajo investigación por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en perjuicio de la junta comunal de este sector, relacionado con el uso irregular de fondos de la descentralización del Programa de Interés Social (PDIS).
Según las investigaciones, durante su administración, causó una lesión patrimonial al Estado por un total de $304,713.14.
En audiencia de apelación, la Fiscalía sustentó los elementos que acreditaban la conducta penal y la vinculación de la exfuncionaria, así como los riesgos procesales implícitos en esta investigación, indicando que una medida cautelar diferente a la detención provisional no era cónsona con los delitos cometidos, lo cual fue considerado por el Tribunal de segunda instancia y se le revocó la medida.
La exrepresentante fue aprehendida en el desarrollo de la operación Comunidad, que llevó adelante la Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional, tras investigaciones que se adelantan por denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, por la no sustentación de gastos de los fondos públicos asignados a las autoridades comunales.
En esta operación, fueron aprehendidos más de cuatro exrepresentantes de diferentes corregimientos a nivel nacional.
Esta operación representó el primer golpe penal en el caso de la descentralización paralela, una trama que generó fuertes cuestionamientos sobre el uso político de recursos públicos. Se estima que, entre 2021 y 2024, se transfirieron unos $320 millones a través de esta estructura paralela, con la supuesta intención de financiar proyectos de infraestructura, salud y educación.