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Caso de exministra Burillo irá directo a juicio oral tras quedar a manos de la Corte Suprema

Corte Suprema de Justicia.
Corte Suprema de Justicia. / Foto Ilustrativa

La exministra de la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Ampyme), Giselle Burillo será llamada próximamente a juicio oral por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por estar supuestamente involucrada en un supuesto delito contra la administración pública.

Burillo iba a ser juzgada por la justicia ordinaria y sus dos expedientes estaban en manos del Juzgado Décimo Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, sin embargo, en las elecciones generales de mayo del 2019, resultó electa como diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), situación que llevó su caso a manos de la CSJ.

El caso está en los despachos de los magistrados Abel Zamorano, quien es el fiscal de la causa.

Un comunicado del Órgano Judicial, divulgado este jueves 21 de noviembre, resalta que el caso estaba bastante avanzando en la justicia ordinaria, por lo que el Pleno de la CSJ ordenó continuar el proceso en la fase de juicio oral.

La celebración de la audiencia será fijada por la Oficina Judicial, y comunicada a las partes conforme lo señala el Código Procesal Penal, destaca la nota de prensa.

El Pleno concederá un período extraordinario para las partes, en el cual deberán manifestar por escrito las pruebas que quieran hacer valer en la fase del juicio. Dicho período será por diez días hábiles, fijados por la Oficina Judicial posterior a la notificación de la respectiva resolución.

Los procesos tienen relación con actos públicos que se adjudicaron desde el 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014.

Entre las más relevantes está la investigación por división de materias que revela que se fraccionaron unos 137 contratos a un precio máximo de 175 mil dólares.

Burillo durante su administración adjudicó unos 26 millones de dólares en contratos a 15 empresas.

Según la respuesta que dio la Dirección de Contrataciones Públicas, a una solicitud enviada por Ada Romero, exministra de Ampyme durante la administración del presidente Juan Carlos Varela; en octubre de 2014, esta instancia asegura que se dio una “flagrante división de materias”.

De hecho, cita en la nota, el artículo 23 del Texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que expresa que no se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda. En caso de existir división de materia, la adjudicación será nula y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes”.

En la Ampyme, de enero de 2011 a junio de 2014, se ejecutaron 89 actos públicos, según documentación a la que tuvo acceso este medio.

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