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El exvicepresidente de la República y excandidato presidencial, José Gabriel Carrizo, enfrenta una audiencia de garantías ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, donde ha llegado fuertemente escoltado por fuerzas especiales de la Policía Nacional, un proceso que será clave para definir su situación judicial dentro de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
La audiencia, programada para las 5:00 p.m. se desarrollará luego de que Carrizo fuera aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su llegada al país, procedente de Guatemala.
Su abogado, Víctor Orobio, manifestó que en la audiencia demostrarán que el presunto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones, en el que se basa la Fiscalía, "no existe", y que "la carpeta por la cual lo van a imputar hoy tiene menos de 20 días".
De acuerdo con la información conocida, el exmandatario habría viajado con la intención de juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlatino), lo que le habría otorgado la condición de aforado y sacado el caso de la jurisdicción penal ordinaria; sin embargo, regresó al país, según dijo y volvió a reiterar esta tarde “a dar la cara”.
Durante a audiencia, el juez de garantías deberá pronunciarse sobre:
Además, el Ministerio Público podría pedir la cautelación de bienes, como parte del proceso.
La investigación penal surge a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de hasta 1.3 millones de dólares, dentro de un proceso, en ese momento de carácter administrativo, por presunto enriquecimiento injustificado.
La denuncia elevada por la Contraloría ante el Ministerio Público refiere un supuesto enriquecimiento por 1.9 millones de dólares no justificados por Carrizo.
La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ, fechada el 22 de octubre de 2025 y firmada por el contralor Anel Flores. El documento detalla el secuestro de cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, además de vehículos y eventuales créditos contra el Estado.
La resolución también advierte que el secuestro podría extenderse a plazos fijos, valores, depósitos y otras propiedades que se determinen vinculadas al exvicepresidente.