Jueza se acoge al término para llamar a juicio a implicados en caso FCC
Ciudad de Panamá/La jueza primera liquidadora de Causas Penales, Águeda Rentería, se acogió al término para calificar la solicitud del Ministerio Público en el caso FCC y resolver los incidentes de nulidad presentados por los abogados defensores.
Estos tres días de audiencia están relacionados con una supuesta lesión patrimonial que supera más de $108 millones a los fondos públicos, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Estos dineros, de acuerdo con la auditoría de la Contraloría, se generaron del pago de sobreprecios por la ejecución de estos proyectos.
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El exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, junto a una decena de personas, figura en este proceso por las supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras; intercambiadores de la vía Brasil tramos 1 y 2, al igual que el tramo marino de la cinta costera 3. Además, se vincula a exdirectivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) y otros exfuncionarios por delito contra la administración pública, en específico peculado agravado.
En el último día de audiencia realizada en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Águeda Rentería, se concluyó con la evacuación de los alegatos de los abogados defensores, donde en su mayoría solicitaron un sobreseimiento para sus representados.
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Entre los vinculados por el Ministerio Público están Federico Suárez, Mauricio Cort (abogado de FCC) y Jorge Ruiz, exjefe de administración de contratos del MOP. Igualmente, Avelino Acero, Eugenio Del Barrio y Julio Castla, exdirectivos de FCC; además, Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Sergio Fernando del Sour, Marcelo De La Rosa y Crescencio Pomares.
En el desarrollo de estas audiencias, las fiscales Ruth Morcillo y Jennisbeth Maleck remarcaron lo vertido por los informes de auditoría que fueron remitidos por la Contraloría General de la República, y que a su vez se constituyeron en piezas claves para el Ministerio Público, luego de ser analizados en la fase de investigación y en la que se pudo sostener que, en efecto, el Estado pagó más de lo que debía por la ejecución de estas obras.
