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Ciudad de Panamá, Panamá/El Estado panameño ha logrado recuperar más de 85 millones de dólares relacionados con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según confirmó la Fiscalía Anticorrupción que ya han sido puestos en manos del Tesoro Nacional; sin embargo, existen otras cifras relacionadas a cuentas, sociedades y bienes que se encuentran aprehendidos, y cuyo monto global asciende a más de 78 millones de dólares.
La fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, detalló que esta cifra se compone de bienes aprehendidos, sociedades y cuentas bancarias, tanto en el país como en el extranjero.
De acuerdo con la información oficial suministrada por el Ministerio Público, del total cautelado hay:
Para que estos bienes, dineros y sociedades pasen a manos del Estado, en concepto de recuperación en torno al caso Odebrecht, es necesaria una decisión judicial final con sentido condenatorio y que además esté en firme, es decir, que cubra todas las instancias en caso de apelaciones.
Durante la lectura del auto de llamamiento a juicio en el proceso por blanqueo de capitales, que adelanta el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se revelaron detalles clave sobre la ruta del dinero, sustentados en transferencias bancarias internacionales y en información aportada por asistencias judiciales del Principado de Andorra.
El documento expone un esquema de triangulación financiera que involucró Panamá, Suiza, Andorra y Antigua y Barbuda, mediante el uso de sociedades offshore presuntamente creadas para canalizar pagos de coimas y sobornos vinculados a proyectos de infraestructura ejecutados por Odebrecht.
Entre las sociedades señaladas en el expediente figuran:
El auto también documenta transferencias desde cuentas de Constructora Internacional del Sur S.A., en Panamá, hacia Klienfeld Services LTD en Andorra, señalada por las autoridades como la “caja negra” de Odebrecht para movilizar fondos ilícitos.
Tras el inicio formal de la presentación de estas pruebas extraordinarias, varios abogados defensores solicitaron la suspensión temporal del proceso para analizar la documentación financiera.
Ante esta solicitud, la jueza concedió un receso parcial de tres días (viernes, lunes y martes), con el fin de que las partes cuenten con un plazo razonable para el estudio del material probatorio, antes de la reanudación del juicio.