Juicio Odebrecht: ¿Cómo operaba la arquitectura del blanqueo de capitales y el uso de 'Drousys'?

Ciudad de Panamá, Panamá/Los elementos que sustentan la acusación por el delito de blanqueo de capitales de manera continuada entre 2008 y 2015, forman parte del contenido que hoy se expuso en el juicio por el escándalo de supuestos pagos de "sobornos y coimas" de más alto pérfil, el caso Odebrecht.

La Fiscalía Especial Anticorrupción se basa en que la constructora brasileña Odebrecht pagó más de 59 millones de dólares en sobornos en Panamá para asegurar contratos de obras públicas, a través de una compleja red de empresas offshore, intermediarios financieros y sistemas informáticos clandestinos diseñados para ocultar el origen y destino del dinero.

Una “caja negra” para pagar sobornos

Durante la audiencia, el tribunal conoció una extensa relación de declaraciones, testimonios y asistencias judiciales provenientes de Brasil, Andorra y otros países, las cuales constan en el llamamiento a juicio, que describen cómo funcionó el denominado “Departamento de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, una unidad creada exclusivamente para canalizar pagos ilegales y sus beneficiarios.

Entre las principales declaraciones figura Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quien admitió haber sido el responsable de esa división. Explicó que el sistema operaba como una estructura paralela dentro de la empresa, encargada de convertir solicitudes de sobornos en órdenes de pago, utilizando seudónimos, intermediarios y transferencias en efectivo o cuentas offshore para impedir que se identificara a los beneficiarios finales.

Según su testimonio, en Brasil los pagos se realizaban en efectivo, mientras que en el extranjero se usaban cuentas bancarias indicadas por los solicitantes, sin que los operadores conocieran el nombre real del beneficiario.

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Los sistemas secretos: Drousys y MyWebDay

Uno de los elementos más comprometedores revelados ante el tribunal es el uso de plataformas informáticas, diseñadas exclusivamente para ocultar operaciones ilegales.

El exejecutivo Fernando Migliaccio, quien trabajó en Odebrecht entre 2009 y 2015, explicó que el área de Operaciones Estructuradas utilizaba los sistemas MyWebDay y Drousys, a través de los cuales se ingresaban los pedidos de pagos ilícitos y se llevaba una contabilidad paralela de los sobornos.

Estos sistemas funcionaban con usuarios, claves y seudónimos, y estaban destinados a simular transacciones legítimas cuando en realidad se trataba de dinero producto de coimas y sobrecostos en contratos públicos.

Migliaccio afirmó que el propio Marcelo Odebrecht ordenó la creación de esta división clandestina para manejar los fondos obtenidos fuera de la contabilidad oficial de la empresa.

Panamá, indagatorias claves para entender el esquema

Otro de los testimonios relevantes es el de Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó que gran parte de las empresas offshore utilizadas por Odebrecht estaban registradas en Panamá, debido a la facilidad que ofrecía el país para crear sociedades anónimas, incluso al portador.

Su función, según declaró, era buscar bancos, intermediarios y estructuras offshore que permitieran mover el dinero sin levantar alertas, siendo el objetivo principal pagar sobornos no registrados del Grupo Odebrecht.

Cientos de millones canalizados por Andorra

El operador financiero Olivio Rodrigues reveló que manejó cuentas de empresas offshore vinculadas a Odebrecht en la Banca Privada de Andorra, incluyendo la sociedad Kleinfeld, desde donde se transfirieron alrededor de 800 millones de dólares durante una década.

De ese monto, unos 400 millones habrían sido canalizados a empresas como Constructora Internacional del Sur y Select Engineering Inc., utilizadas para pagar a terceros. Rodrigues admitió que movía el dinero entre cuentas de la misma empresa para dificultar los controles bancarios y que utilizaba los seudónimos “Gigo” y “Mustang” dentro del sistema Drousys.

Donaciones políticas y lobby para destrabar contratos

Uno de los testimonios más contundentes es el de André Luiz Campos Rabello, quien confirmó la existencia de una “caja dos” o fondo negro destinado al pago de sobornos, autorizado por altos directivos de Odebrecht.

Rabello detalló en la indagatoria que, parte de esos fondos se utilizaban para donaciones a campañas políticas, a cambio de favores, trámites acelerados y la aprobación de proyectos estatales. También describió el uso del lobby empresarial para acceder a ministerios y entidades públicas, así como la utilización de sociedades offshore para canalizar los pagos.

Sobreprecios y pagos ilegales en Panamá

En el ámbito local, uno de los testimonios más comprometedores para el Estado panameño dentro del caso Odebrecht es el de Carlos Ho González, exdirector de la Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quien explicó ante el Ministerio Público, durante la investigación, cómo se estructuraban proyectos con sobrecostos para generar fondos destinados al pago de sobornos.

Ho declaró que, como funcionario, su rol era impulsar proyectos considerados de “interés nacional”, los cuales luego eran ejecutados por el MOP mediante contratistas privados, entre ellos Odebrecht. En ese proceso, explicó, se utilizaba una modalidad conocida como “costo global” o “precio único”, que permitía fijar montos elevados sin un desglose detallado de los componentes.

De acuerdo con Ho, los sobrecostos se introducían desde la fase de diseño y contratación. Como ejemplo, citó el proyecto de ampliación y rehabilitación de la avenida Domingo Díaz, donde los principales puentes fueron presupuestados en alrededor de 7,500 dólares por metro cuadrado, cuando el valor real en el mercado rondaba entre 2,000 y 2,500 dólares.

Ese diferencial, según su testimonio, no era accidental, sino parte de una estructura diseñada para generar un excedente que luego podía utilizarse para pagos ilegales a funcionarios y operadores políticos.

Ho también aclaró que la definición final de los precios no estaba en sus manos, sino que correspondía exclusivamente al entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, mientras que la elaboración de los pliegos de cargos y términos de referencia recaía en la Dirección de Administración de Contratos, que en ese momento dirigía el ingeniero Jorge Ruiz.

Según Ho, ese diseño institucional permitía que los proyectos salieran al mercado con costos previamente inflados, sin que los funcionarios técnicos pudieran corregirlos una vez establecidos. El exfuncionario confesó que Odebrecht le entregó pagos ilegales a través de una tarjeta de crédito de un banco canadiense, la cual le fue proporcionada por un intermediario identificado como “Alex”, en representación de la constructora.

Con esa tarjeta, Ho podía retirar dinero en bancos locales, usualmente en montos de 500 dólares por transacción, y las operaciones quedaban registradas para el control de la empresa. Posteriormente, cuando el sistema comenzó a presentar problemas, Ho aseguró que destruyó la tarjeta y notificó la situación a Yuri Kerzman, entonces director de proyectos de Odebrecht, tras lo cual los pagos pasaron a realizarse en efectivo.

Vinculación a Frank de Lima y facturas falsas

Otro de los puntos claves revelados durante la lectura de la vista fiscal, han sido los elementos que vinculan al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, con el supuesto uso de facturas falsas como parte de la trama de sobornos y blanqueo de capitales atribuida a la constructora brasileña.

De acuerdo con la declaración indagatoria rendida el 23 de octubre de 2018, por Julio José Fábrega Venier, "se demuestra el uso de facturas falsas puesto que el mismo aportó copias simples del contrato Isthmus Innovation y One Consulting, así como también copia de facturas que hizo supuestamente el imputado Frank De Lima, para poder justificar los servicios de consultoría y que eran ficticias".

De acuerdo con lo leído en sala, dichos pagos provenían de operaciones en las que "De Lima hijo supuestamente le daba dinero en efectivo y presuntamente se blanqueaba a través de este esquema de facturación falsa".

La ruta bancaria y los intermediarios

El gerente bancario Humberto de León, de Credicorp Bank, reconoció que Olivio Rodrigues manejaba las cuentas de la offshore Constructora Internacional del Sur, una de las principales vías de Odebrecht para mover dinero.

Confirmó además que el banco utilizaba el sistema Drousys como medio de comunicación encriptado con Rodrigues, pagando incluso por ese servicio, lo que refuerza la tesis de una estructura financiera diseñada para evadir controles.

Mauricio Cort: el abogado que conectó a Odebrecht, los Martinelli y la banca de Andorra

Mauricio Cort y García, abogado panameño y operador financiero, se convirtió en uno de los testigos colaboradores más relevantes dentro del caso Odebrecht, al declarar cómo se movieron, ocultaron y repatriaron millones de dólares provenientes de sobornos a través de estructuras offshore y la Banca Privada de Andorra.

Cort no solo mantenía relaciones profesionales con los hermanos Martinelli Linares —hijos del expresidente Ricardo Martinelli—, sino que también actuaba como enlace financiero con figuras clave del esquema de pagos ilícitos, entre ellos el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Según su testimonio, una parte importante de los fondos entregados por Odebrecht, era depositada en cuentas de la Banca Privada de Andorra, utilizando sociedades offshore controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Desde allí, Mauricio Cort gestionaba transferencias hacia Panamá, ya fuera directamente a cuentas de los beneficiarios finales o mediante empresas pantalla creadas para disfrazar el origen del dinero.

Entre los beneficiarios de esas transferencias figuraban:

• Federico Suárez, exministro de Obras Públicas.
• Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes recibieron fondos a través de estructuras offshore identificadas con los códigos “130” y “1337”.

Cort también aportó información sobre bienes muebles e inmuebles adquiridos con dinero de origen ilícito, los cuales fueron utilizados para blanquear capitales y luego integrarlos al sistema financiero panameño como inversiones legítimas.

Estos activos incluían propiedades, participaciones societarias y estructuras financieras, que estaban a nombre de terceros o de empresas vinculadas a los beneficiarios finales.

Tras entregar información clave, Cort se acogió a un acuerdo de colaboración eficaz, mediante el cual:

• Aceptó su participación en el delito de blanqueo de capitales.
• Fue condenado a 48 meses de prisión.
• Recibió una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos.
• Devolvió al Estado panameño 1.6 millones de dólares, producto de los fondos ilícitos que había administrado.

Finalmente, se citó el caso de Daysie Villarreal Zambrano, esposa de Carlos Ho, quien entregó bienes muebles e inmuebles adquiridos con dinero ilícito. Fue condenada a 34 meses de prisión y tres años de inhabilitación, tras aceptar el delito de blanqueo de capitales.