Juzgado da validez a indagatoria y orden de detención para Aaron Mizrachi

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia. / TVN

El Juzgado Décimotercero Penal rechazó un incidente de controversia al empresario Aaron Mizrachi (padre de Mayer Mizrachi), acusado de supuesto tráfico de influencias, en el que pedía se anulara la orden de indagatoria, detención preventiva y el oficio de captura a través de Interpol.

Mizrachi padre es vinculado al pago de sobornos para el contrato de instalación en la Caja de Seguro Social (CSS) de un programa informático de la multinacional alemana SAP.

El fiscal sexto anticorrupción, Aurelio Vásquez, ordenó la indagatoria de Mizrachi el 1 de abril de este año y cinco días después dictó su detención preventiva. El empresario salió de Panamá en julio de 2015 y no ha regresado al país.

En resolución del 28 de septiembre de este año, la jueza décimotercera penal Alina Hubiedo, declaró no probado el incidente de controversia que interpuso el abogado Silvio Guerra, defensor legal de Mizrachi.

La jueza consideró que la indagatoria no ha vulnerado garantías constitucionales, porque está acreditado el delito y la posible vinculación de Mizrachi.

Además justificó la detención en el hecho de que Mizrachi ha desatendido el proceso y además no ha transcurrido el plazo necesario para decretar la prescripción de la acción penal.

La investigación fue iniciada en agosto de 2015 luego que el exdirectivo de SAP, Vicente García, admitió ante un juez federal de Estados Unidos, que pagó coimas a tres funcionarios panameños para obtener contratos en el gobierno anterior.

El contrato para el sistema informático de SAP fue de 14.5 millones de dólares, adjudicado a la empresa Advanced Consulting Panamá el 3 de mayo de 2011.

Mizrachi es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli. Además es padre de Mayer Mizrachi.

Junto a Mizrachi están acusados en este caso el exdirector de la CSS Guillermo Sáenz Llorens; Carlos Tasón, jefe de Transformación e Innovación de la CSS; Eduardo Jaén, exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y otras ocho personas.

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