Piden reformas para endurecer castigos por delitos sexuales y femicidios

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de abogadas, activistas feministas y por los derechos humanos presentó este martes ante la Asamblea una propuesta para un anteproyecto que endurezca las penas por delitos sexuales y femicidios, que elimine los acuerdos de pena y la posibilidad de sustituir las condenas para estos delitos por trabajo comunitario.

Además, la propuesta incluye la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad –ley que en el pasado fue aprobada y vetada por el Presidente Cortizo– en adición a endurecer la severidad de las sanciones para los artículos 174, 175, 176, 177 y 178 del Código Penal, que en su conjunto versan sobre delitos contra la libertad sexual, femicidio y homicidio.

En concreto, el anteproyecto que propone la delegación por iniciativa ciudadana, modificaría el artículo 2 de la Ley 31 del 28 de mayo de 1998, de la protección a las víctimas del delito y modifica y adiciona artículos al Código Penal en Código Procesal Penal, según se lee en el comunicado circulado esta semana por las proponentes. Por otro lado, también piden establecer “de forma clara” las causantes y agravantes para estos delitos.

Sobre los acuerdos de pena, éstos no requieren el consentimiento de la víctima bajo el Sistema Penal Acusatorio, algo que no garantiza justicia y muchas veces “no concuerda con la dimensión del daño causado”, de acuerdo a las proponentes de la modificación, que llega en momentos en que el sistema de justicia es fuertemente cuestionado por acuerdos de pena y suplantaciones de pena como el sonado caso del cura Luis Ruiz Quiroga, que fue condenado por actos libidinosos contra una menor y cuya pena fue inicialmente reemplazada por trabajo comunitario.

Y es que, de acuerdo a las proponentes de la iniciativa, esta práctica (los acuerdos de pena) terminan por garantizar la celeridad del proceso no así la correspondiente sanción al responsable del delito: “una situación que ya no puede ni debe mantenerse en nuestra legislación bajo ningún concepto”, explican.

Para tener una idea de lo que puede demorar un proceso, el Ministerio Público recibió 3,010 denuncias por violación en 2021, 259 de ellas correspondientes a violaciones doblemente agravadas, que incluyen a menores de 14 años y personas con imposibilidad de consentir. Sin embargo, el Órgano Judicial registró 441 condenas por delitos sexuales un año antes, es decir, que el volumen de condenas apenas llega en promedio a las denuncias recibidas por año.

Eliminar los acuerdos de pena y la prescripción de los delitos sexuales es imperativo de acuerdo a la socióloga y activista Juana Camargo, parte del Espacio Encuentro de Mujeres, uno de los grupos que co-presentó la propuesta del anteproyecto ante la Asamblea. Y es que, como bien lo explica, las afectaciones de la violencia en una mujer violada “no se quita”, eso trastorna toda su sexualidad, y si bien hay algunas con acceso a servicios de salud mental que pueden superarlas, hay otras a las que el trauma les dura toda su vida. Son crímenes que “no pueden ser resueltos con 3 o 4 años de cárcel…y que encima se reduzcan las penas por estudiar, por ser buen reo o si el violador se convierte en un siervo de la palabra”, criticó al tiempo que señaló un sistema cultural que pone mayor énfasis en los valores culturales patriarcales y machistas que en el valor superior de las víctimas.

Camargo también dijo que sobre la eliminación de acuerdos de pena, “puede haber” alguna resistencia de parte del Órgano Judicial, según lo que le adelantó el diputado Leandro Ávila, quien recibió la propuesta en la Asamblea, porque muchas veces se llega al acuerdo de pena ante la carencia de pruebas contundentes para probar todos los casos, lo que garantiza en algunas de ellos produzcan algún tipo de condena con la sola confesión del acusado.

Deika Nieto, también abogada especialista en violencia contra la mujer, definió las normativas existentes en familia, de violencia contra la mujer, no como desfasadas, sino que en su implementación o en su desarrollo tenemos impedimentos estructurales por parte del sistema que está compuesto por personas que limitan el desarrollo de estas normativas. Al implementarlas, son ineficientes. Incluso, dijo en el pasado programa Política para todos, que la situación de violencia contra la mujer y las niñas es tan grave que ya amerita llevarse a instancias internacionales porque aquí “no nos ha generado el repudio social” suficiente para que las cosas cambien.

La propuesta debe pasar por el proceso de verificación en la Asamblea antes de llegar a la comisión de Gobierno, donde inicialmente sería apadrinada y presentada por algún diputado o diputada para que se convierta en anteproyecto oficialmente.