La nueva justicia en Panamá más tecnológica y menos burocrática

A Gloria Sánchez el teléfono le dice cuándo toca hacer justicia: por ahí los fiscales le piden agendar audiencias, se entera cuándo se requiere llevar a un detenido ante un juez y cuándo debe separar una de las ocho salas judiciales que están bajo su cargo.

Ella es la directora de la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, donde se atienden todos los casos que se registran desde el 2 de septiembre en la zona metro de la provincia de Panamá.

“Aunque sea a las 3:00 a.m. las peticiones las recibo por ahí. Ya no necesito ir a la oficina a notificarme de la solicitud de una audiencia por papel. Simplemente miro que llegó a mi correo y listo”, explica Sánchez, ingeniera de profesión, en un encuentro con TVN Noticias.

Los tiempos en el SPA son claves. Y por eso la tecnología es una herramienta imprescindible.

¿Cómo funciona?

Si la policía detiene a una persona un sábado a las 2:00 a.m., el fiscal debe pedir antes del domingo a las 2:00 a.m. que lo presenten ante un juez para que valide o no la aprehensión. Sin la burocracia del tiempo y las horas hábiles, Sánchez y todos los encargados de oficinas judiciales del SPA en el país deben estar a un toque del problema.

Es decir, deben recibir y confirmar que les ha llegado la solicitud por internet. Si no, la detención pasa a ser automáticamente ilegal.

Entre 2016 y 2017 el Estado invertirá $20.5 millones en herramientas tecnológicas para la implementación del Penal Acusatorio, en las que figuran filmadoras, retroproyectores, transcriptores automáticos, y la plataforma digital mediante la cual los encargados de las oficinas judiciales reciben peticiones de audiencia.

La plataforma permitirá el acceso de 11,257 usuarios, entre ellos 5 mil abogados litigantes, que una vez registrados pueden ver los procesos en los que tienen poder.

La 'nueva' justicia

Dionys Sánchez, director Nacional de Tecnología y Transformación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), explica que los juristas sólo tendrán acceso a sus casos. Podrán revivir las grabaciones de las audiencias y todo lo que haya sido incorporado al código con el que está registrada la investigación.

Después de seis meses de no ingresar al sistema, su usuario se “reciclará” y pasará a ser un espacio disponible para otra cuenta.

En los funcionarios, el nivel de acceso dependerá de su rango: los fiscales sólo verán los casos que siguen, los directores de oficinas regionales los que se tramiten en su jurisdicción y los asistentes de salas los que ocurran en las que les toque.

“La base de datos tiene algoritmos que registran cuándo una información ha sido alterada”, asegura el jefe de la AIG, confiado en que si alguien modifica alguna información ya registrada en los casos, se activarán las alarmas previstas.

El SPA ocupó en sus primeros cinco años de gestión en el interior del país 60 terabytes de la nube (el equivalente a 60 mil equipos USB de 1GB), y su entrada en vigencia en la capital sumará otros 120 terabytes en el próximo lustro.

Los peligros

Entonces, la vulnerabilidad es una cuestión clave.

Dionis Sánchez asegura que respaldan la información en servidores dobles, ante la eventualidad de un ataque informático. También dicen tener estrategias para redireccionar los hackeos a otros portales y que no se afecte el del SPA. “Pero hay que tener claro que no hay página web invulnerable”, sostiene.

Sin ninguna amenaza aún, siguen probando sobre la marcha los resultados. Hasta ahora, por la plataforma se han tramitado 11 de las 37 audiencias que ha habido en la Ciudad de Panamá con el SPA. El resto lo hizo en papel porque están ajustando.

Según la Oficina de Implementación del SPA, en febrero el sistema deberá estar disponible en 104 salas de audiencias del país.