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Tribunal concede formalizar extradición de uruguayo requerido por EEUU por lavado de dinero

La decisión fue adoptada durante una audiencia de proceso de extradición por varios magistrados realizada en la provincia de Chiriquí. El tribunal concedió un plazo de 60 días para que se formalice la solicitud de extradición, conforme a lo establecido en el artículo 525 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con la información judicial, el caso guarda relación con una orden de arresto emitida el 6 de enero de 2012 por el Tribunal del Distrito Norte de Oklahoma, en Estados Unidos, contra un ciudadano presuntamente vinculado a los delitos investigados. / Pexels

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí ordenó la detención provisional con fines de extradición de un ciudadano uruguayo nacionalizado estadounidense, requerido por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de proceso de extradición por varios magistrados realizada en la provincia de Chiriquí. El tribunal concedió un plazo de 60 días para que se formalice la solicitud de extradición, conforme a lo establecido en el artículo 525 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con la información judicial, el caso guarda relación con una orden de arresto emitida el 6 de enero de 2012 por el Tribunal del Distrito Norte de Oklahoma, en Estados Unidos, contra un ciudadano presuntamente vinculado a los delitos investigados.

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El ciudadano, de 72 años, es investigado por los presuntos delitos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, violación de dicha normativa, conspiración para lavar instrumentos monetarios y lavado de dinero.

Los magistrados también ordenaron que el extranjero permanezca a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá mientras avanza el trámite de extradición. De igual forma, el tribunal dispuso la aprehensión de bienes que fueron incautados el pasado 15 de mayo durante diligencias efectuadas en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Durante la audiencia, en la que previamente se legalizó la aprehensión del ciudadano, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal superior de Relaciones Exteriores, José Antonio Candanedo. La defensa estuvo a cargo del abogado particular Miguel Herrera.

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