Proyecto minero en Donoso: Gobierno descarta volver al contrato anterior y promete una solución técnica

El Gobierno de Panamá aseguró este lunes que la decisión sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso se tomará antes de que finalice el año y estará sustentada en los resultados de la auditoría técnica, que revela el impacto socioeconómico del cierre, así como incumplimientos ambientales, y servirá de base para definir el rumbo del proyecto.

Los ministros Julio Moltó, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro, quienes conforman la comisión interinstitucional del Gobierno que analiza los resultados de la auditoría integral a la mina pro parte de los ministerios de Comercio e Industria, Economía y Finanzas, así como de Ambiente, respectivamente, coincidieron en que el país enfrenta un problema complejo que requiere una solución definitiva antes de que finalice el año.

Durante una conferencia de prensa, los tres ministros expusieron el impacto que dejó el cierre de la mina en 2023, los riesgos ambientales que aún persisten en el sitio y los principios que guiarán la recomendación que será entregada al presidente José Raúl Mulino.

Moltó: "La concesión, como existía, es inconstitucional"

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reiteró que el Gobierno no contempla restablecer el contrato anterior, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 406.

No obstante, sostuvo que cerrar la mina no eliminó el problema y que corresponde al Estado evaluar las consecuencias económicas, sociales y ambientales del cierre antes de adoptar una decisión.

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Moltó recordó que más de 40,800 personas perdieron su empleo de forma directa o indirecta, mientras que unas 170,000 personas se vieron afectadas al considerar a sus dependientes. También indicó que el desempleo en Coclé aumentó de 4 % a 13 % y que miles de pequeñas y medianas empresas resultaron impactadas.

El ministro afirmó que cualquier alternativa deberá cumplir tres condiciones:

• Garantizar la soberanía del Estado sobre la operación.
• Evitar que los costos recaigan sobre los panameños.
• Proteger la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.

Chapman cifra el impacto económico del cierre

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la paralización de la mina ha significado un fuerte golpe para la economía nacional.

Según explicó, Panamá ha dejado de generar más de $6,300 millones en los últimos 32 meses, lo que representa pérdidas cercanas a $5.9 millones diarios.

Chapman también señaló que la inversión extranjera directa cayó un 65 %, mientras que las exportaciones de bienes disminuyeron un 75 %.

Además, afirmó que Panamá pasó de liderar la atracción de inversión extranjera en Centroamérica a ubicarse entre los países con menores niveles de captación en la región.

El titular del MEF sostuvo que la pérdida de confianza de los inversionistas puede afectar el desarrollo económico del país durante varios años y aseguró que las cifras macroeconómicas terminan reflejándose en el bolsillo de las familias panameñas.

Navarro advierte riesgos ambientales que persisten

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, presentó los principales hallazgos ambientales de la auditoría elaborada por SGS.

Indicó que la operación minera registró un 87.64 % de cumplimiento de los 370 compromisos ambientales auditables, aunque identificó nueve incumplimientos relevantes, entre ellos deficiencias en materia de reforestación y una mayor deforestación de la autorizada.

Según detalló, la empresa solo cumplió 45.7 % de las metas de reforestación, mientras que se intervinieron 322 hectáreas adicionales a las permitidas durante la fase de construcción.

Navarro sostuvo que el cierre abrupto de la mina no eliminó los riesgos ambientales, sino que dejó expuestos problemas que ahora deben ser atendidos por el Estado.

Entre ellos mencionó la existencia de 38 millones de toneladas de mineral almacenado que podrían generar drenaje ácido de roca si no reciben un manejo adecuado.

El ministro también alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal en Darién, Veraguas, Colón, Donoso y Coclé, actividad que vinculó con organizaciones criminales y que calificó como una amenaza ambiental inmediata para el país.

Recomendación llegará antes de finalizar el año

Navarro explicó que la auditoría comprende 15 tomos y 21 anexos, por lo que continúa siendo analizada por los equipos técnicos del Gobierno.

Una vez concluya ese proceso, el Ejecutivo elaborará una propuesta que será sometida al escrutinio de la comunidad científica, académica y ambiental.

El ministro adelantó que la recomendación final sobre el futuro de la mina será presentada al presidente José Raúl Mulino antes de que termine el año, y la cual estará basada estrictamente dentro del cumplimiento de la constitución. Chapman aseguró que actualmente no existe una recomendación de ningún tipo.