Magistrada de la CSJ es víctima de supuesto atentado

Las autoridades investigan un hecho confuso registrado la noche del martes 27 de septiembre, luego que la magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Marlene Cecilia Morais fuera víctima de un supuesto atentado.

En principio se informó que varios individuos con arma en mano dispararon contra el auto de la funcionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando llegaba a su residencia ubicada en Parque Lefevre, en la capital, tras participar de una audiencia en la sección de homicidios.

La magistrada se armó de valor y trató de escabullirse, al tiempo que gritó a los vecinos, quienes llamaron a la Policía Nacional.

Posteriormente el Órgano Judicial (OJ) mediante comunicado dijo que fue un intento de robo del vehículo de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de descongentión penal por parte de un individuo.

"No hubo arma de fuego, no hubo detonaciones, no hubo proyectil de arma de fuego, no hubo casquillos. No hay nadie aprehendido", según el OJ.

El ente de justicia reiteró que el hecho se dio luego que la magistrada presidiera una audiencia con jurado de conciencia, por el delito de homicidio, se trasladó del Palacio de justicia Gil Ponce, en el corregimiento de Ancón, a su residencia, donde fue interceptada por un individuo no identificado, con la aparente intención de robarle su vehículo.

Se informó que la magistrada sufrió una leve herida por lo que tuvo que ser atendida por personal especializado del 911.

Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público (MP) y la Subdirección de Criminalística llegaron al lugar para efectuar las correspondientes diligencias.

Según el OJ, las magistradas del Tribunal Superior de Justicia de descongestión penal, cuando concluyen las audiencias, deben ser escoltadas a su residencia.

Sin embargo, en el día de ayer, la magistrada prefirió irse sola a su casa, considerando que la audiencia había concluido relativamente temprano.

La investigación se adelanta conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal, que implica una reserva de datos y detalles que deben ser manejados por los organismos de investigación y el MP.