Entre motines, evasiones y muertes, la seguridad en las cárceles vuelve al debate

Ciudad de Panamá, Panamá/La tarde de ayer lunes, 1 de junio, el Centro Penitenciario La Joyita volvió a romper su propio historial de crisis. Lo que comenzó como un operativo de reclasificación de internos terminó en un motín, con detonaciones, caos dentro de los pabellones, al menos dos privados de libertad muertos, varios heridos, entre ellos policías, y una fuga masiva que obligó a desplegar un operativo nacional de recaptura. Aunque las autoridades aseguran que la situación fue controlada, el episodio reabre una pregunta incómoda que Panamá arrastra desde hace más de una década: ¿quién controla realmente La Joyita?

Un penal que opera al límite

El complejo penitenciario La Joyita, ubicado en Pacora, ha sido durante años el epicentro de la crisis carcelaria del país. Diseñado para albergar poco más de 2,800 personas, La Joyita mantenía en 2025 una población que superaba las 4,700, según datos oficiales, lo que representa un nivel de hacinamiento cercano al 165%.

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En ese contexto, cualquier movimiento interno —traslados, requisas o reubicaciones— puede convertirse en detonante de tensión. Eso fue precisamente lo que ocurrió ayer 1 de junio. De acuerdo con reportes oficiales, ayer el detonante fue un operativo de redistribución de más de 80 privados de libertad dentro del penal, que derivó en resistencia de grupos organizados. En cuestión de minutos, las autoridades perdieron el control del penal.

El saldo preliminar: dos muertos, varios heridos y al menos unos 48 recapturados, y un número indeterminado aún logró salir del perímetro.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a reclusos desplazándose entre patios, cubriéndose el rostro y enfrentándose a unidades de control. Entre los reclusos, pocos mantenían la vestimenta que utilizan los reos: el suéter amarillo; y otros con ropa distinta a la reglamentaria.

El Ministerio de Seguridad activó operativos conjuntos con la Policía Nacional y el Senafront para contener la situación. Agentes de control de multitudes y patrullas terrestres fueron desplegados en los alrededores de Pacora, al igual que drones. Varias horas después, las autoridades aseguraron haber recapturado a la mayoría de los fugados y restablecido el orden interno. Sin embargo, la cifra exacta de evadidos y el número de prófugos no ha sido oficialmente consolidado.

La constante histórica: fugas que se repiten

Aunque el evento de ayer es el más reciente y uno de los más grandes en número de involucrados, no es un caso aislado. En la última década, La Joyita ha sido escenario de múltiples episodios que exponen fallas en el sistema:

• 2015: Fuga de seis condenados por homicidio, robo y tráfico de drogas del pabellón 7.
• 2016: Fuga del condenado Gilberto Ventura Ceballos, recapturado posteriormente en Costa Rica.
• 2019: Fuga de tres reos durante carnaval, en un episodio de distracción interna, todos vinculados a homicidios.
• 2019 (diciembre): masacre dentro del penal con 15 muertos, reflejando pérdida de control interno.
• 2020: Nueva evasión de Gilberto Ventura, quien fue recapturado.
• Entre 2023 y 2025 ha habido intentos de fugas o motines que también han puesto el sistema penitenciario en el blanco de críticas.
• 2026 (junio): fuga masiva de más de 48 reos.

Cada uno de estos episodios ha dejado la misma estela: investigaciones, promesas de reforma y, eventualmente, el siguiente incidente.

Un sistema bajo presión permanente

Especialistas en criminología y seguridad penitenciaria han señalado en repetidas ocasiones que La Joyita opera bajo tres condiciones críticas:

• Hacinamiento crónico
• Control interno fragmentado por pandillas
• Vulnerabilidad en traslados y custodias

En este contexto, las fugas no siempre son eventos aislados, sino el resultado de estructuras internas debilitadas donde el control formal compite con sistemas informales de poder dentro del penal y que además han generado investigaciones por corrupción de funcionarios de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario, adscrito al Mingob.

El sociólogo, criminólogo y docente Theojaris Ariel Betancourt señaló que la evasión deja en evidencia el poder que aún mantienen algunos grupos criminales dentro del sistema penitenciario. Explicó que el incidente se habría originado tras conocerse el traslado de varios cabecillas hacia el centro penitenciario de máxima seguridad de Punta Coco.

Según indicó, la influencia que estos líderes ejercen dentro de los penales, donde mantienen control sobre determinados pabellones, habría provocado un motín que derivó en la fuga de varios privados de libertad. Añadió que las autoridades continuaban con las labores de recaptura y que el hecho refleja las dificultades que enfrenta el sistema para contener el poder de estas estructuras criminales.

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Las preguntas que vuelven con cada fuga

Tras este último suceso, las interrogantes se repiten casi de forma idéntica a las de años anteriores:

• ¿Cómo opera la organización de motines dentro de un penal de máxima seguridad?
• ¿Qué falló en el protocolo de seguridad en el traslado y clasificación de internos?
• ¿Cuántos funcionarios están siendo investigados por omisiones o complicidad?
• ¿Por qué las reformas anunciadas tras cada crisis no logran evitar la siguiente?

Por ahora, las autoridades no las han respondido. Y es que, más allá de los números, el país vuelve a enfrentarse a una realidad persistente: su principal centro penitenciario se ha convertido, repetidamente, en el escenario donde el Estado pierde el control… y luego intenta recuperarlo.

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