De jamones chicos y grandes: así Panamá entiende el clientelismo y la corrupción

Bloque 1: El caso de los jamones del IMA, un espejo del clientelismo

Dos años y medio después de la asunción de Juan Carlos Varela al poder, no ha habido cambios significativos en protección de la institucionalidad, de lucha contra el clientelismo político y la corrupción.

En eso coincidieron este domingo la mayor parte de los invitados al programa Radar de TVN Noticias, en el que se debatió, a la luz del caso de los jamones de $8 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), cuán legitimado está el clientelismo en la psiquis política y ciudadana panameña.

“El intercambio clientelar se da porque la clase política panameña ha perdido representatividad y al no hablar o representar los intereses de la ciudadanía la única forma en la que pueden mantener poder es a través de intercambios clientelares”, sostiene el politólogo Richard Morales.

“Nadie siente que sus diputados los representan, que habla por él. Al contrario, se siente repudio”, agregó.

Sin embargo, para el presidente de Transparencia Internacional Panamá, Ramón Ricardo Arias, el problema de los jamones navideños es “una proyección de un problema más serio”. “Hace dos años y medio se prometió un cambio y quizá no lo estamos viendo”, agrega.

Desde su óptica, además de los jamones chicos, los populares, los de $8, hay otros “muchos más grandes que siguen el derroche de contrataciones públicas directas todos los días”.

Citó el caso de bufetes de abogados que han sido contratados por el Estado –luego el analista de Radar Jorge Eduardo Ritter se refirió directamente al caso Igra-, de las compañías que han sido procesadas por corrupción en sus países pero en Panamá no son investigadas ni auditadas (Odebrecht).

Entonces, sigue Arias, habría que cuestionarse sobre qué es más importante: “si nos están defraudando a nivel macro o si estamos asombrados por unos jamones”.

El diputado panameñista José Antonio Domínguez se unió a la crítica sobre Odebrecht. Para él, “Panamá no puede quedar excluida” de la investigación sobre la constructora multinacional, encargada, entre otras cosas, de todas las fases de la Cinta Costera y de las dos primeras líneas del Metro.

“Ahí deben aparecer los peces gordos, medianos, flacos. Y hasta la ballena”, agrega Domínguez, quien ha visto, de todos modos, que su partido ha generado reformas para asentar la institucionalidad democrática: “ha habido cambios buscando la institucionalidad, sí los hay, (pero) que no han dado el 100% de resultado que espera el pueblo en una vuelta…”. Pero no pudo citar alguno.

El excontralor José Chen Barría cree que el Gobierno “no ha sido exitoso en ofrecer a la opinión pública algunos cambios que ha producido”. O, en otro caso, “no se han producido los cambios que la expectativa de elegir al presidente (Juan Carlos Varela) produjeron, cuando en mayo de 2014 la población pensó que había probabilidades de tener un gobierno diferente”.

¿Eso toma vida con el caso de los jamones del IMA?

“El clientelismo no viene de ahora, se ha exacerbado el paternalismo, y en base a eso el pueblo ha creado expectativas. Estoy muy preocupado porque toda esta gente que hoy ocupa cargos públicos se ven obligados a actuar de una manera como espera el pueblo, o no pueden seguir… y ese es un error en la forma de que el pueblo perciba a sus políticos”, dice el diputado Domínguez.

Entonces, sobre el conflicto sobre los jamones chicos del IMA y las críticas sobre la diputada Katleen Levy, por permitir que personal identificado con suéteres con su nombre ayudasen en la venta, Domínguez defendió el rol de los diputados.

Para él, si bien los diputados no deben tener partidas y deben dedicarse a legislar, sí sirven de enlace entre los ciudadanos de sus circuitos y las autoridades.

“Tenemos un serio problema de cultura política, que no nació hace dos años ni diez. Es una historia de relación ciudadano-poder distorsionada: la gente piensa que los que gobiernan tienen que regalarle, o los que están en el poder piensan que la gente sólo quiere asistencialismo”, replicó la abogada Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

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