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Ciudad de Panamá, Panamá/Transcurridos 19 meses desde el cierre de la mina en Donoso, y luego de que ayer, 18 de junio, varias asociaciones de trabajadores de la industria minera realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado al gobierno y conocer qué pasará con los más de 5,000 extrabajadores de la minera que perdieron sus empleos, el presidente José Raúl Mulino se refirió al tema en su conferencia semanal.
El presidente Mulino anunció en conferencia de prensa que la empresa Franco-Nevada ha suspendido oficialmente el arbitraje de $5,000 millones de dólares que mantenía contra el Estado panameño. Este giro, según el mandatario, "deja limpia la mesa para iniciar cuando corresponda conversaciones con la empresa minera".
La declaración de Mulino se dio en respuesta a preguntas sobre las demandas de las comunidades aledañas y proveedores de la mina, quienes solicitan su reactivación sostenible para garantizar la generación de empleos. El presidente reconoció la legitimidad de sus reclamos. "Yo vi los anuncios ayer de los representantes de distinta forma afectados por el cierre de la mina y tienen toda la razón de protestar y de manifestarse”.
No obstante, Mulino enfatizó que la decisión sobre el futuro de la mina no es inminente y representa un tema muy complicado de muchas aristas que hay que replantear. Subrayó que cualquier determinación se tomará exclusivamente en función del interés nacional, descartando influencias de "ningún interés económico ni de ningún socio de la mina ni de nada".
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“Será evaluada en función del interés nacional, no en función de ningún interés económico ni de ningún socio de la mina ni de nada. Será evaluada y decidida en función de un interés nacional y no irá a la Asamblea Nacional de Diputados. Será un acuerdo con el Estado ejerciendo su propiedad legítima de esa tierra, de esos recursos minerales y del derecho que tenemos a explotarlos como país, no a través de terceras personas”, puntualizó el presidente.
"Necesitamos una reactivación. Nosotros creemos en la reactivación de la actividad minera, pero de una forma responsable, comprometida con el pueblo panameño, con el ambiente y con el gobierno nacional", expresó Michael Camacho, miembro de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá.
Por su parte, Joana Ábrego, representante legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), indicó que el plan gubernamental de gestión segura de la mina genera más interrogantes que respuestas.
"No se habla del nivel de inestabilidad de la presa norte, de la instalación de manejo de relave que hemos denunciado. Hasta reportes internacionales de expertos internacionales han dicho: "Es una preocupación". "El plan de preservación no ofrece suficientes respuestas sobre esto", señaló Ábrego.
Los extrabajadores solicitan que el futuro de la minería sea decidido con responsabilidad. Cabe recordar que en 2023 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa responsable de la mina en Donoso.
Sobre la posible reapertura de la mina, la representante legal del CIAM indicó que: "De manera que jurídicamente vemos inviable una reactivación y consideramos que se debe respetar la seguridad jurídica, sí, pero una que en este caso favorece al Estado, favorece a las comunidades y sus derechos humanos".
En tanto, representantes de comunidades de Coclesito, aledañas al proyecto minero, pidieron la apertura de la mina por los beneficios que genera en la región.
Durante la conferencia de prensa, los representantes indicaron que, además de los trabajadores, alrededor de 50 mil personas que viven cerca del proyecto minero esperan poder reunirse con el presidente Mulino, para poder dialogar sobre el futuro de la mina.