Rebajas de pena: Diputado Cedeño cuestiona falta de transparencia en lista de 484 privados que serían beneficiados

Ciudad de Panamá/Las rebajas de pena que otorgará el Ejecutivo a unas 484 personas privadas de libertad, incluyendo personas condenadas por delitos contra la administración pública, como enriquecimiento injustificado y estafa agravada, siguen siendo motivo de cuestionamiento.

Para el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA) y abogado, Ernesto Cedeño, la medida, aunque permitida por la Constitución, evidencia una contradicción política y moral del Gobierno frente a su discurso contra la corrupción, específicamente lo criticado por el presidente José Raúl Mulino.

• Le puede interesar: Más de 400 personas privadas de libertad podrían obtener rebajas de pena, entre ellas la esposa de Ferrufino

Cedeño sostuvo que el sistema de justicia panameño atraviesa una crisis profunda, al punto de describirlo como en “cuidado intensivo”, señalando fallas estructurales tanto en el Ministerio Público como en los órganos encargados de la administración de justicia. A su juicio, el Ejecutivo cuestiona públicamente a jueces y fiscales, pero al mismo tiempo termina beneficiando a personas condenadas, lo que mina la credibilidad institucional.

De acuerdo con Cedeño, se trata de un "asunto de moralidad".

"Si usted está cuestionando al sistema de administración de justicia y normas jurídicas y están motivando al Ejecutivo a legislar de lo que usted va a presentar, oiga, entonces primero, acláranos quiénes van a ser los beneficiados. Y a mi juicio nadie debiera ser beneficiado. Usted cometió un ilícito, cumpla hasta el último día en una cárcel pública, pero al parecer no va a ser así", cuestionó.

• También puede leer: Mario Martinelli: Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena y declara nulidad parcial en la investigación por caso granos

El diputado recordó que la rebaja de pena es una facultad constitucional del presidente, contemplada en el artículo 184, pero advirtió que la falta de información sobre los delitos cometidos por los beneficiarios representa una grave falta de transparencia. Según indicó, el listado divulgado no especifica los tipos penales, lo que impide a la ciudadanía conocer quiénes reciben el beneficio y bajo qué criterios.

Para Cedeño, esta ausencia de información constituye una falta de rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de personas con sentencias firmes por delitos que afectaron fondos públicos.

El diputado también cuestionó el rol de la Procuraduría General de la Nación y reiteró la necesidad de nombramientos por mérito dentro de la carrera fiscal, al considerar que las designaciones discrecionales favorecen errores que terminan costándole al Estado procesos clave en casos de corrupción.

Demolición del monumento

En otro tema, Cedeño abordó la demolición del monumento a la comunidad china en el mirador del puente de las Américas, señalando que, desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo no tiene potestad para ordenar su reconstrucción, ya que la administración del área corresponde al municipio. Indicó que cualquier decisión debe respetar la autonomía municipal, contar con permisos legales, presupuesto definido y participación ciudadana, tal como lo establece la ley.

“El presidente no tiene potestad para ordenar a un municipio hacer nada”, afirmó, al tiempo que cuestionó la rapidez con la que avanzó la investigación penal en este caso, contrastándola con otros procesos que permanecen estancados.

Cedeño insistió en que el Gobierno debe predicar con el ejemplo, especialmente de cara al próximo mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional el próximo 2 de enero.

Otros contenidos que le pueden interesar:

• Piden suspensión de Stefany Peñalba por presunta extralimitación de funciones
• Senniaf confirma que menor abandonado en terminal de Changuinola fue reintegrado a su madre