Presupuesto cuestionado, planillas millonarias y reformas electorales: Alexandra Brenes y su radiografía de la Asamblea

Ciudad de Panamá/La recta final del año en el Órgano Legislativo ha estado marcada por un intenso debate en torno al Presupuesto del Estado 2027. Para la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, la discusión sobre las finanzas públicas refleja una desconexión total con las necesidades reales de la ciudadanía.

"El presupuesto del Estado tiene que ser la traducción de las mejoras en la calidad de vida, en los servicios básicos del panameño, en infraestructura, en escuelas, en educación, y es básicamente lo que se ha estado cuestionando dentro de la Asamblea", sentenció Brenes.

La diputada Brenes puso el foco en el presupuesto de la Asamblea Nacional y en el destino de esos 23 millones extra, afirmando que se van directo a planillas estatales y funcionamiento, sin que se refleje un solo centavo en inversión real o infraestructura para el país.

Para Brenes, resulta indefendible justificar aumentos en rubros como publicidad, viáticos y telefonía celular en plena crisis económica nacional.

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Debate sobre el desempeño

Ante el discurso de los proponentes de un presupuesto basado en el desempeño, la diputada Brenes lanzó una pregunta directa sobre la justificación de tener 7,000 funcionarios nuevos en el gobierno actual.

Brenes aclaró que, si bien existen leyes especiales que amparan ciertos salarios, ninguna normativa obliga a contratar personal de forma indiscriminada.

Para Brenes, la realidad a lo interno de la Asamblea Nacional apunta a una distorsión insostenible. Una cifra que ronda los 8,300 funcionarios, según el monitoreo de planilla actualizado a octubre de 2026.

"Para que haya 8 mil empleados dentro de la Asamblea, tú tienes que tener un mínimo de 6 edificios para ello", afirmó Brenes, recordando el desorden y la evacuación registrada durante el reciente temblor, donde quedó en evidencia que las oficinas físicas no albergan semejante masa laboral.

Caso de los despachos y la crítica a Benicio Robinson

Brenes abordó de manera directa las recientes revelaciones del diputado Benicio Robinson, quien admitió públicamente mantener una estructura de 116 funcionarios en su despacho, un aparato que le cuesta al Estado panameño unos 2.3 millones de dólares al año.

Para Brenes, este tipo de confesiones retratan de cuerpo entero el sistema de clientelismo político y la visión patrimonialista que algunos veteranos de la política tienen de la curul. Frente a los 116 colaboradores de un solo despacho tradicional, la diputada contrastó la realidad de su propio equipo de trabajo, el cual opera con un equipo eficiente de apenas ocho personas, al igual que su compañera de bancada, Janine Prado.

La Asamblea Nacional no debería ser vista como la empresa privada de nadie, ni 40 años dentro de una curul te deberían dar o justificar que tú puedas despifarrar el dinero de esa forma".

Asimismo, Brenes denunció una doble moral institucional en cuanto a la fiscalización. Mientras a los diputados de la bancada independiente se les han aplicado auditorías rigurosas que incluyeron la retención de salarios por meses a sus colaboradores, los despachos con planillas infladas operan bajo una total impunidad, protegidos por los pactos políticos que se tejen para elegir a las juntas directivas del legislativo bajo la premisa de "tú no me tocas mi personal y nosotros votamos por ti".

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Reformas electorales y el pulso político para 2027

Más allá del presupuesto y las planillas, la agenda legislativa de los próximos meses pondrá a prueba la voluntad política con la discusión de las reformas electorales en segundo debate, previsto para el mes de enero.

Brenes valoró las propuestas presentadas por el presidente de la Comisión de Gobierno, enfocadas en eliminar puntos controversiales y ajustar los topes de financiamiento privado. Aunque ve con buenos ojos reducir el dinero de las campañas a un máximo de 100,000 dólares dependiendo de los adherentes, advirtió que mantendrán una postura cautelosa hasta ver los cambios redactados en blanco y negro.

Sobre el subsidio electoral, indicó que su bancada analizaría la propuesta de su eliminación total —aunque su postura inicial era recortarlo a la mitad— y recalcó que no se opondrían si existe un consenso fiscal responsable. No obstante, advirtió que estarán vigilantes ante cualquier intento de desfavorecer la participación de la libre postulación, recordando que el artículo 146 de la Constitución exige garantías de equidad frente a los partidos políticos tradicionales.