Ciudad de Panamá/El procurador general de la Nación, Carlos Gómez, cuestionó la falta de discusión de los dos proyectos de ley anticorrupción en la Comisión de Gobierno que, en su sesión de este martes, por mayoría rechazó las iniciativas que buscaban endurecer las penas por delitos contra la administración pública y ampliar los mecanismos de investigación del Ministerio Público de casos que, principalmente, afectan los fondos del Estado.

La Asamblea actuó de acuerdo a sus reglas, dijo el procurador Gómez, quien agregó que son ellos los que determinan la viabilidad o no de estos proyectos; sin embargo, es “desde mi punto de vista, para mí es lamentable…no fue una discusión profunda”, refiriéndose al proyecto de ley general anticorrupción, solo se discutió el primer artículo, que establecía el objeto y los fines del proyecto, incluyendo “la protección patrimonial del Estado” y ese artículo no pasó en mayoría. El proyecto completo estaba compuesto por 71 artículos y, al rechazarse el primer artículo, se rechazó todo el texto.

Respecto al proyecto de reforma del Código Penal, el procurador afirmó que se discutieron todos los artículos que amplificaban penalidades en delitos contra la administración pública, es decir, delitos en materia de corrupción, pero “todos fueron rechazados por mayoría de este primer debate de la comisión de Gobierno”, aunque advirtió que va a ser respetuoso de la decisión de ese Órgano del Estado, refiriéndose a la Asamblea Nacional.

Los diputados de Realizando Metas (Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda), del Partido Revolucionario Demorático (Raphael Buchanan y Jairo Salazar) y de Cambio Democrático (Didiano Pinilla) se opusieron a las iniciativas, mientras que los representantes de la coalición Vamos (Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke) y del Movimiento Otro Camino (José Pérez Barboni) las apoyaron.

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El funcionario se refirió además, a la postura del Contralor General de la República, Anel Flores, quien había expresado opiniones en contra sobre estas iniciativas legislativas anticorrupción, respecto a excluir la obligatoriedad de la existencia de informes de auditoría en las investigaciones del Ministerio Público. Sobre esto el procurador dijo: “Esa es la opinión del Contralor General de la República y eso está bien. Yo discrepo de esa opinión.”

El procurador citó la Constitución y el marco procesal: “El artículo 280 de la Constitución Política establece casi 14 numerales en las funciones de la Contraloría y en ningún lugar señala que, emitirá informes de auditoría que vinculan o determinan lesiones patrimoniales en materia de persecución penal". Nuestras atribuciones son el de perseguir delitos y no mantiene ningún tipo de restricción y por supuesto la protección de los intereses del Estado.” Añadió que “El Código Procesal Penal establece la libertad probatoria” y que esa libertad permite al Ministerio Público utilizar todo el material que sirva de prueba en una investigación.

En torno a la resolución que le otorga al contralor facultades para cautelares bienes patrimoniales, el procurador evitó emitir una opinión ante la existencia de demandas por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, de las cuales podría solicitársele opinión.

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