María la Caprichosa
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Ciudad de Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, manifestó su preocupación ante la reducción planteada al presupuesto del Ministerio Público para la vigencia fiscal 2027, al considerar que los recursos recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) limitarían la capacidad de la institución para fortalecer su personal, renovar equipos y atender proyectos de infraestructura.
Durante la sustentación presupuestaria, Gómez Rudy explicó que el Ministerio Público solicitó alrededor de $242 millones para 2027, mientras que la recomendación del MEF se ubica en aproximadamente $204 millones, lo que representa una diferencia de unos $37.1 millones.
El proceso de consultas presupuestarias forma parte de la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. El MEF ha señalado que estas evaluaciones buscan analizar las necesidades, prioridades y proyectos presentados por las distintas instituciones antes de definir las cifras que serán incorporadas al proyecto de ley.
Gómez Rudy advirtió que parte de la reducción afectaría la contratación de 112 nuevos funcionarios que habían sido proyectados para áreas como psicología, trabajo social y conducción, además de personal requerido para atender las diligencias e investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.
Según explicó, la actividad investigativa de la institución ha registrado un incremento de 44%, mientras que algunos rubros destinados a mantenimiento y renovación de equipos quedaron sin asignación en la recomendación presupuestaria.
Uno de los principales puntos de preocupación es la flota vehicular. El procurador indicó que 152 vehículos se encuentran en condición de riesgo operativo crítico y, por ello, deberían ser retirados de circulación.
La institución también ha evaluado alternativas como el alquiler de vehículos, pero Gómez Rudy señaló que, desde la perspectiva del Ministerio Público, esta opción representaría un mayor costo frente a la adquisición de una nueva flota.
“Yo aspiro exactamente a lo que fue solicitado, que son $242 millones”, sostuvo el procurador, quien cuestionó particularmente la reducción en los recursos destinados al personal y otros rubros considerados prioritarios para el funcionamiento de la institución.
El procurador también señaló reducciones en proyectos de inversión, entre ellos las adecuaciones de las instalaciones regionales de San Miguelito y la creación de una subregional en Arraiján.
Ambas zonas fueron mencionadas por Gómez Rudy en el contexto de las necesidades operativas del Ministerio Público y del incremento de casos que deben ser atendidos por la institución.
El procurador planteó además que se cumpla con la disposición constitucional relacionada con la asignación presupuestaria conjunta para el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) también expresó preocupación por la asignación presupuestaria recomendada para 2027.
Su director general, Abdiel Rentería, señaló que los recursos planteados no serían suficientes para responder a las responsabilidades que tiene la institución dentro del sistema de administración de justicia.
Rentería destacó que el Instituto no solo participa en investigaciones de carácter penal, sino que también atiende requerimientos en procesos de la jurisdicción civil, entre ellos casos relacionados con jueces de cumplimiento y procesos de filiación.
Tanto el Ministerio Público como el Instituto de Medicina Legal deberán continuar sustentando sus necesidades ante la Asamblea Nacional, mientras avanza la discusión del Presupuesto General del Estado para 2027.
Con información de Meredith Serracín