Master Chef Celebrity
En vivo
Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, anunció que el proyecto de ley que crea el programa de pasantías será discutido en primer debate mañana miércoles en la Asamblea Nacional, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes experiencia laboral remunerada y mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral.
Muñoz explicó que actualmente muchos universitarios realizan pasantías sin recibir remuneración, pese a extender su permanencia en las empresas con la esperanza de conseguir empleo.
El nuevo proyecto busca que los pasantes reciban 450 dólares mensuales y un seguro privado, beneficio que no representará un costo para el Estado, sino que será asumido por la empresa privada.
Este programa ayudará a los jóvenes a movilizarse, terminar sus carreras y adquirir experiencia. Es un paso para que luego puedan ser contratados formalmente”, dijo la ministra.
El plan está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, sin necesidad de experiencia previa ni de estar en el último año de carrera. La duración máxima será de un año, aunque las empresas podrán ofrecer contratos antes si consideran que el perfil es adecuado.
Durante su intervención, Muñoz también destacó los resultados del programa Mi Primer Empleo, que en su primera etapa generó 1,058 plazas, de las cuales 624 jóvenes ya tienen contrato laboral. Actualmente, se ejecutan 2,780 nuevas plazas en diversas provincias.
Sobre la situación de los trabajadores bananeros de Chiquita Panamá y las quejas de estos, de que solo están recibiendo liquidaciones de mil y dos mil dólares, la ministra explicó que las liquidaciones corresponden únicamente a derechos adquiridos, ya que el abandono de puestos durante la huelga declarada ilegal por la Corte impide el pago de indemnizaciones. Señaló que el Mitradel mantiene acompañamiento legal y conciliación para los afectados, y que espera reunirse la próxima semana en Bocas del Toro para mediar con la empresa sobre recontrataciones.
La ministra también se refirió a la querella presentada por la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi) en su contra, por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública relacionados con el uso de fondos sindicales.
Muñoz aseguró que el proceso permitirá entregar todas las auditorías internas, que detectaron presuntas irregularidades por alrededor de 5 millones de dólares en el uso de los fondos de capacitación sindical.
Para mí es positivo que la Procuraduría admitiera la querella porque podremos demostrar con auditorías lo que realmente ocurrió. No voy a entregar fondos a organizaciones que no sustenten debidamente sus gastos”, afirmó.