Gobierno proyecta ingresos por $100 millones en transición portuaria de Balboa y Cristóbal

Durante la conferencia también se informó que los terrenos estatales que anteriormente estaban concesionados y generaban alrededor de $20 millones anuales no forman parte de los contratos transitorios actuales. En consecuencia, esos recursos deberán ingresar directamente al Tesoro Nacional.

Voceros del Gobierno en el tema de los puertos
Voceros del Gobierno en el tema de los puertos / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/En conferencia de prensa desde la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), voceros del Gobierno detallaron el proceso de transición en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que se pusiera en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley anterior con Panama Ports Company.

Las autoridades reconocieron que, aunque la operatividad de ambas terminales continúa, aún no se encuentra al 100%, por lo que esperan que en las próximas horas se complete el proceso de adaptación de las empresas que asumieron temporalmente la administración.

En este contexto, la AMP asumió formalmente la administración de los puertos y presentó los contratos de operadores transitorios ante el Consejo de Gabinete Extraordinario. Los contratos aprobados fueron:

  • APM Terminals Panamá S.A., subsidiaria del grupo MERS, para el Puerto de Balboa
  • TIL Panamá S.A., subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (MSC), para el puerto de Cristóbal.

El contrato de APMT Panamá S.A. es por 18 meses para la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa y un monto de veintiséis millones cien mil dólares ($26,100,000.00).

En tanto, en la Resolución N.° 5 de 23 de febrero de 2026 se establece el contrato transitorio de TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en el Atlántico, y un monto de quince millones ochocientos mil dólares ($15,800,000.00).

Beneficio estimado de $100 millones

El presidente de la Comisión Técnica, Alberto Alemán Zubieta, informó que ambos contratos transitorios ya fueron refrendados y publicados en Gaceta Oficial, y destacó el impacto económico proyectado.

Cuando suman el balance de ambos contratos, en el periodo de 18 meses debiera darle un beneficio de aproximadamente 100 millones de dólares a la República de Panamá”.

Documento
Contrato entre la AMP y la empresa APMT Panamá que operará puerto Balboa
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Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que durante esta etapa transitoria se mantendrán las condiciones actuales para clientes y usuarios de las terminales, y que la AMP enviará comunicaciones formales para garantizar estabilidad y continuidad en las operaciones comerciales.

Documento
Contrato entre AMP y TIL Panamá S.A. que operará puerto Cristóbal
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La data será propiedad del Estado

Icaza subrayó que uno de los aspectos más relevantes de los contratos temporales es que toda la información generada durante estos 18 meses será propiedad de la República de Panamá.

Según explicó, esta data permitirá al Estado conocer con precisión los aspectos comerciales, operativos y administrativos de los puertos, así como los activos críticos y las inversiones necesarias a futuro. Esto será clave para estructurar los términos de referencia de la futura licitación internacional para concesiones a largo plazo, con condiciones “mucho más favorables para el Estado panameño”.

Ingresos adicionales para el Tesoro

Durante la conferencia también se informó que los terrenos estatales que anteriormente estaban concesionados y generaban alrededor de $20 millones anuales no forman parte de los contratos transitorios actuales. En consecuencia, esos recursos deberán ingresar directamente al Tesoro Nacional.

Garantía laboral

En materia laboral, el Gobierno reiteró que se garantizarán las prestaciones y la estabilidad de los trabajadores portuarios durante este periodo de transición, que tendrá una duración de 18 meses mientras se prepara el proceso de licitación definitiva.

Las autoridades insistieron en que se trata de una etapa temporal destinada a asegurar la continuidad operativa de dos puertos estratégicos para la economía panameña y el comercio internacional, mientras el país avanza hacia un nuevo modelo de concesión con mayor transparencia y beneficios para el Estado.

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