Violencia psicológica es un delito en Panamá y puede conllevar hasta ocho años de prisión

Ciudad de Panamá/La violencia psicológica es un delito en Panamá y puede ser sancionada con penas de cinco a ocho años de prisión, según lo establece la Ley 517 del 15 de abril de 2026, que modificó el artículo 138 del Código Penal para fortalecer la protección de la salud mental y la dignidad de las personas.

La normativa cobra relevancia tras los recientes hechos de violencia y situaciones de hostigamiento difundidas a través de redes sociales, recordando que este tipo de agresiones también tienen consecuencias legales.

El abogado Elvis Valdez explicó que la ley protege a todas las personas, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, frente a conductas que atenten contra su integridad psicológica.

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"El artículo 138 habla sobre la violencia psicológica, que ocurre cuando una persona es objeto de intimidación o coacción. Es importante tener claro que estos casos son investigados por el Ministerio Público, específicamente por la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Personal en la modalidad de violencia psicológica, a diferencia de la violencia doméstica, que corresponde a las fiscalías de familia", señaló Valdez.

Entre las conductas que pueden constituir violencia psicológica se encuentran:

• Amenazas.
• Intimidaciones.
• Chantajes.
• Persecución.
• Acoso.
• Obligar a una persona a hacer o dejar de hacer algo en contra de su voluntad.
• Humillaciones.
• Vejaciones.
• Aislamiento.
• Otras conductas semejantes que afecten la estabilidad emocional de la víctima.

La legislación establece penas de entre cinco y ocho años de prisión para quienes incurran en este delito. Además, cuando la víctima presenta un daño psíquico comprobado como consecuencia de la agresión, la sanción puede incrementarse entre una tercera parte y la mitad del máximo de la pena.

Las autoridades reiteran que la violencia psicológica no debe minimizarse ni normalizarse, ya que representa una forma de violencia que vulnera los derechos fundamentales de las personas y que, además de afectar su salud mental, conlleva responsabilidades penales para quienes la ejercen.

Con información de Yamy Rivas