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La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, advirtió sobre el incremento de los casos de violencia contra las mujeres y defendió una serie de reformas a la Ley 82 de 2013 que buscan fortalecer las medidas de protección, incluyendo la implementación de brazaletes electrónicos duales para víctimas y agresores.
La diputada señaló que la situación actual refleja una realidad preocupante. Indicó que, hasta la fecha, se registran 12 femicidios en lo que va del año, frente a ocho registrados al cierre de mayo de 2025, lo que representa un aumento del 50%.
Además, explicó que el Ministerio Público cerró 2025 con 13 mil 621 denuncias de violencia doméstica y, de mantenerse la tendencia actual, este año podrían registrarse cerca de 14 mil 550 casos.
Cada vez que muere una mujer, no es que solamente muera una persona, quedan en orfandad sus hijos, se destruye una familia y principalmente tenemos una sociedad que no puede seguir normalizando este tipo de situaciones”, expresó.
Brenes explicó que, tras varias mesas técnicas en las que participaron entidades como el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y representantes del sector privado, se elaboró un texto único con entre 17 y 20 modificaciones a la legislación vigente.
Entre los principales cambios figura la incorporación de los brazaletes electrónicos duales, una herramienta que permitiría monitorear tanto a la víctima como al agresor cuando así lo determine un juez.
Actualmente, estos dispositivos existen en Panamá, pero son utilizados exclusivamente dentro del Sistema Penitenciario.
La propuesta busca adaptarlos como medida de protección para casos de violencia de género.
Según detalló la diputada, el sistema generaría alertas directas a la Policía Nacional cuando el agresor incumpla la distancia establecida por las autoridades judiciales. De violarse la medida, la persona podría ser detenida.
La diputada reconoció que uno de los principales desafíos para la implementación de esta herramienta ha sido el presupuesto, así como la definición de la entidad responsable de adquirir y administrar los equipos. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo ya habría dado instrucciones para avanzar en las reuniones interinstitucionales necesarias para concretar la compra.
Aunque destacó que las penas por femicidio en Panamá oscilan entre 25 y 30 años de prisión y que las tentativas de homicidio pueden alcanzar penas de entre 16 y 20 años, Brenes sostuvo que el problema no se resolverá únicamente endureciendo los castigos.
La crisis no se evade únicamente aumentando las penas”, afirmó.
A su juicio, las cifras evidencian fallas en materia de prevención y protección. Por ello, las reformas también contemplan reforzar el abordaje de la violencia psicológica, al considerar que este suele ser el primer paso dentro del ciclo de agresión que posteriormente puede escalar a hechos más graves.
La diputada indicó que la clasificación de perfiles de agresores y la identificación de distintos niveles de riesgo siguen siendo aspectos que deben analizarse dentro de futuras modificaciones al Código Penal.
Brenes aseguró que el trabajo técnico ya concluyó y que el proyecto se encuentra listo para ser presentado formalmente ante la Asamblea Nacional.
Indicó que ahora corresponderá a la nueva directiva legislativa decidir la prioridad que recibirán estas iniciativas, tanto en materia de protección a las mujeres como de defensa de la niñez.
Durante la entrevista, la diputada también abordó el seguimiento a las denuncias relacionadas con albergues para niños y adolescentes.
Señaló que, a cinco meses de haberse presentado diversas denuncias tras las inspecciones realizadas por la comisión legislativa, aún no han recibido información formal sobre los avances de las investigaciones.
Brenes explicó que las visitas efectuadas a 23 albergues permitieron detectar situaciones que, según indicó, continúan generando preocupación desde 2021. Añadió que ha mantenido comunicaciones y alertas institucionales dirigidas a entidades como el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), pero a la fecha sigue esperando respuestas concretas. .
Asimismo, sostuvo que las transformaciones necesarias van más allá de mejoras físicas en las instalaciones y requieren atención integral en áreas como salud mental, acompañamiento psicológico y bienestar de los menores.
En cuanto a las elecciones internas de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio, Brenes confirmó que su nombre ha sido mencionado como posible candidata de la coalición Vamos para la presidencia del Legislativo, aunque aclaró que el colectivo aún no ha tomado una decisión.
La diputada manifestó que su posición personal es que Vamos debe presentar una candidatura propia y asumir un rol de liderazgo dentro del Órgano Legislativo.
Vamos tiene que ir con un candidato propio que realmente responda a los intereses de los panameños”, sostuvo.
También consideró que el próximo presidente o presidenta de la Asamblea debe garantizar la independencia del Legislativo y responder a los intereses de la ciudadanía, resaltando que los diputados son representantes de los panameños y no del Órgano Ejecutivo.
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