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Albergues de la Senniaf: Directores exponían irregularidades y eran destituidos, asegura exencargado
Uno de los casos documentados es el de un chico con “casi mayoría de edad”, que no podía caminar y había que cargarlo. El adolescente fue llevado al Centro de Salud de Tocumen, donde le detectaron tuberculosis crónica, y ya había contagiado a otros tres niños del área de infantes.
Exdirector de Prevención de Senniaf relata parte de las irregularidades en el albergue de Tocumen
Ciudad de Panamá/César Pérez, exdirector nacional de Prevención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y exencargado del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, detalló en Noticias AM que desde hace más de un año empezó a crear las alertas ante la dirección de la institución; sin embargo, no obtuvo respuestas hasta ahora que, junto a la diputada Alexandra Brenes, fue escuchado y se formalizaron las denuncias por las presuntas irregularidades ocurridas en el albergue de niños y adolescentes administrado por Senniaf.
Relató que en su intento por exponer la situación y buscar ayuda de las autoridades, incluso acudió ante magistradas del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, pero nunca llegaron a responderle.
“También me reuní con las tres magistradas de Niñez; yo he estado tocando puertas, ante las magistradas Cossú, Militza Hernández, Delia Cedeño, hasta a ellos llegué y conversé, pero la diputada Alexandra Brenes fue la única que levantó la bandera”, afirmó Pérez.
Debido a la complejidad del caso y a las investigaciones en marcha, Pérez subrayó que existen “muchas cosas que no puede decir”, sin embargo, explicó una serie de irregularidades que presenció durante sus asignaciones técnicas, que precisamente buscaban evitar que los derechos de los niños fuesen vulnerados.
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Entre los casos que reveló se encuentran:
- Conoció el caso de un chico con “casi mayoría de edad”, que no podía caminar y había que cargarlo. El adolescente fue llevado al Centro de Salud de Tocumen, donde le detectaron tuberculosis crónica, y ya había contagiado a otros tres niños del área de infantes. “Tuve casi dos meses esperando para poder hacerle una cuarentena”, indicó.
- Otro caso fue el de un niño de la comarca Ngabe Buglé que tenía dos años de estar en el centro, pero sin tener cédula ni ningún tipo de documento.
- Ante la evasión de chicas y chicos de los centros, el protocolo del Senniaf, explicó Pérez, era dejarlos sin ropa de cambio, es decir, “quitarles la ropa y dejarlos con una sola ropa”, situación con la que estaba en desacuerdo, no obstante, otras funcionarias sí lo hacían.
- Un adulto con condiciones psiquiátricas se masturba delante de niños.
Pérez señaló que cuando presentó los informes con las irregularidades recibió “ofensas” de parte de la directora, haciéndolo ver como si fuera el enemigo.
En su testimonio, aseguró que, por ejemplo, una coordinadora de La Chorrera presentó un informe de que se estaban “entregando niños sin los protocolos” y fue despedida, al igual que una coordinadora de Chiriquí, que presentó alertas.
A raíz de toda la situación, Pérez fue destituido por pérdida de confianza, quedando desamparado a pesar de tener una hija con discapacidad.
“Yo era la piedra en el zapato (…) siento que Senniaf barre la casa y pone la basura debajo de la alfombra”, remarcó, subrayando que el Estado debe realizar muchas correcciones en estos centros.
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Medidas
Por su parte, la diputada Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, afirmó que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades y graves vulneraciones de derechos en albergues del Senniaf evidencian una problemática estructural que no ha sido atendida de manera efectiva desde hace años.
Brenes acudió al Ministerio Público acompañada de Pérez, quien también dio testimonio, y destacó que tanto él como otros funcionarios que han decidido declarar lo han hecho de manera voluntaria, luego de conocer los primeros reportajes sobre la situación en estos centros.
Para la diputada, se trata de un acto que merece reconocimiento, al tiempo que instó a otros funcionarios públicos a denunciar sin temor posibles irregularidades. “Es un deber de todo ciudadano y también de todo funcionario público denunciar cuando vemos este tipo de situaciones”, señaló.
Aclaró que la Asamblea no tiene competencias administrativas para separar a funcionarios, como sería el caso de la directora del sistema de albergues, facultad que recae directamente en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Aun así, indicó que desde la Asamblea se pueden impulsar citaciones, investigaciones y comisiones especiales para dar seguimiento al tema.
Lamentó que, a pesar de las denuncias similares de 2021, esas acciones no hayan generado cambios sostenidos, aunque actualmente existen 15 personas condenadas y otros casos pendientes de audiencia.
La diputada explicó que, como madre, el tema le resulta particularmente sensible, pero enfatizó que, más allá del debate presupuestario, se trata de un asunto de humanidad y dignidad.
Las condiciones denunciadas en los albergues y que, según indicó, han sido normalizadas por los funcionarios, son camas y colchones en mal estado, malos olores y presuntos abusos sexuales y maltratos, incluyendo el encierro prolongado de niños y niñas en condiciones indignas por supuestos malos comportamientos. “Esto no se puede normalizar”, enfatizó.
En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que también ejerza vigilancia sobre sus representantes.
“Alexandra no puede sola con esto; la sociedad civil debe vigilar si sus diputados están apoyando estas iniciativas”, reclamó, al señalar que cualquier diputado puede presentar propuestas y respaldar acciones de fiscalización.
Brenes adelantó que su equipo de trabajo ya se encuentra elaborando un paquete de propuestas legislativas, que será analizado en las próximas semanas, con el objetivo de reformar y fortalecer el marco normativo que rige los albergues. Estas iniciativas incluirían requisitos mínimos para directores y subdirectores, personal técnico, procesos de capacitación y el cumplimiento de la ley de cuidadores aprobada en 2024.
Asimismo, cuestionó la efectividad de las medidas anunciadas recientemente por el Mides tras una reunión extraordinaria de su junta directiva, al señalar que muchas de esas acciones forman parte de las funciones ordinarias de la institución.
A su juicio, los albergues no pueden convertirse en “depósitos de niños y niñas” donde se normalicen violaciones a los derechos de niños y niñas, especialmente cuando existen denuncias previas que, según indicó, no fueron remitidas oportunamente al Ministerio Público.
En el plano político, lamentó que no se lograra la votación necesaria en el pleno legislativo para citar a la ministra del Mides, Beatriz Carles, debido a la falta de diputados que votaran, aunque destacó que algunos sí han mostrado respaldo y preocupación por el tema.
Una de estas fue la diputada Flor Brenes, del PRD, quien la ha acompañado en cada una de las giras de fiscalización que se realizaron previamente.
Brenes remarcó que el país espera decisiones firmes por parte del Gobierno y recordó que la protección de la niñez debe estar por encima de cualquier lealtad personal o política.
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