El país bajo auditoría: planillas, descentralización, Panama Ports y auxilios económicos
El mapa de auditorías que sacude al país alcanza desde la Asamblea hasta Panamá Ports Company.
Panamá/La Contraloría General de la República mantiene bajo la lupa más de 200 auditorías en todo el país, enfocadas en sectores clave como las planillas de la Asamblea Nacional, los fondos de descentralización y los beneficios otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), entre otros.
Ante la magnitud de los hallazgos, el contralor Anel 'Bolo' Flores hizo un llamado directo al procurador general de la Nación, Luis Gómez: “El que tiene que ponerle el cascabel al gato finalmente es él (…) Lo exhorto realmente a que haga un trabajo porque el pueblo lo está reclamando”.
En su informe de gestión, la Contraloría reporta un avance del 44 % en auditorías a entidades como la Asamblea, Panamá Ports Company, la Caja del Seguro Social, Naturgy, el Ifarhu y el polémico programa de descentralización.
Estas revisiones, según Flores, son “muy fuertes”, por lo que espera el acompañamiento del Ministerio Público: “Nosotros le estamos dando todos los elementos probatorios para que él actúe”.
Una de las auditorías más avanzadas es la de la planilla de la Asamblea Nacional, donde 385 personas figuran “sin ubicación”, generando un gasto mensual de $675,844.00. En abril, se retuvieron 300 cheques, que serán enviados al Ministerio Público ante la duda de si esos funcionarios realmente asisten a sus puestos. Flores fue claro: “Vamos a seguir investigando”.
Paralelamente, 180 auditorías se centran en juntas comunales y alcaldías del gobierno anterior, especialmente aquellas señaladas por manejar fondos de la “descentralización paralela”. “Estamos próximos a llamar a los diferentes integrantes de las juntas comunales, de esas famosas que todo el mundo conoce, especialmente las de aquí de la capital”, planteó. Añadió que “sabemos que muchas de esas juntas comunales manejaron dinero que fue utilizado en política”.
Las juntas de Ancón ($3 millones 910 mil), Curundú ($679 mil 500) y Betania ($2 millones 362 mil 502) figuran entre las que más recursos recibieron, sumando más de $9 millones. La AND, a cargo de Roxana Méndez, confirmó en julio de 2024 que este fondo “no cuenta con reglamentación” y funcionaba como “una cuenta extra” sin fiscalización ni regulación.
En el Ifarhu, siete auditores revisan cada expediente de los auxilios económicos entregados entre 2019 y 2024, con montos que llegaron hasta $200,000 por persona, otorgados de manera discrecional. La Contraloría debe determinar si existió lesión patrimonial, lo que abriría la puerta a nuevas investigaciones por parte del Ministerio Público.
Y sobre Panama Ports Company, Flores reveló, en abril pasado, que se detectaron “tergiversaciones, ausencia de refrendo y un perjuicio económico estimado en al menos 1.2 millones de dólares” al Estado, lo que derivará en acciones legales por parte de la entidad.
“El trabajo de la Contraloría es encontrar los hallazgos y las lesiones”, reiteró Flores. “Yo espero que él [el Procurador] le dé seguimiento a ese trabajo”.
El Ministerio Público investiga las planillas de la Asamblea por una denuncia que se presentó, así como los expedientes de la entrega de los auxilios económicos.
Este medio consultó a la Procuraduría por la opinión del procurador Gómez, pero se nos remitió a la conferencia que ofreció la semana pasada, donde señaló que está investigando casos contra la administración pública, como el del Ifarhu, pero que requiere que la Contraloría le remita la información para pasar a la siguiente fase.
Semanas atrás, el Procurador, en conferencia de prensa, explicó, por ejemplo, que existen investigaciones por delitos contra la administración pública y que están a la espera del informe de la Contraloría General de la República.
“Es importante indicar que es una situación voluminosa en cuanto a la cantidad de personas con auxilios económicos (…) pero requerimos también la información por parte de la Contraloría (…)”, afirmó.