El informe del contralor: un panorama de presión fiscal

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República publicó su informe de cierre de 2024 a finales de agosto pasado, aunque el documento no estuvo ampliamente disponible sino hasta finales de este mes.

De hecho, es costumbre que el informe anual de la Contraloría se publique en septiembre del año siguiente.

Ahora bien, si el interés es que el documento de hecho sea útil para la dirección del Estado, se deberían hacer los cambios necesarios para que esté listo a más tardar al cierre del primer trimestre del próximo año.

En otros países, se presentan proyecciones antes de cerrar el año y luego se ajustan, lo cual permite actuar con rapidez.

No obstante, a pesar del tiempo de espera, el informe es relevante, ya que incluye los números oficiales del producto interno bruto (PIB), los ingresos y gastos del Estado, la planilla pública y los contratos refrendados.

Estos datos son esenciales para la planificación anual del Estado, porque sirven de base para las decisiones económicas.

En este análisis, veremos las cifras del 2024, que reflejan un año electoral, marcado por dinámicas distintas a las de años comunes.

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PIB

El informe fija el crecimiento económico de 2024 en 2.9%. Esta cifra contrasta con el promedio histórico de 5%, lo que evidencia un golpe claro al dinamismo.

La expectativa de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, es que Panamá crezca 4.5% en 2025 y luego se estabilice en 4% hacia el cierre de la década.

El freno del año pasado proviene del cierre de la mina, de la desaceleración típica de los años electorales y de la lenta salida de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, con el tejido de pequeñas y medianas empresas aún fuertemente afectado.

Los sectores que más crecieron en 2024 fueron el comercio, el transporte, la construcción y las finanzas. Este último sector mostró una impresionante resiliencia.

La brecha del crecimiento de 2024 con el promedio histórico eleva una señal de alerta. Panamá se había acostumbrado a un ritmo pujante de avance, pero ahora enfrenta muchas más fricciones en su camino económico, con sus debilidades estructurales volviéndose más visibles cada día.

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Trabajo

En 2024, de acuerdo a los números de la Contraloría, la fuerza laboral disponible fue de 2.13 millones.

De estos, 1.92 millones estaban empleados, lo que representa 14 mil personas menos que en 2023.

El desempleo aumentó de 7.4% a 9.5%. Hoy se estima cerca del 10%.

Todo este deterioro implica que la recuperación laboral sigue incompleta.

La informalidad ha crecido severamente y con ella la vulnerabilidad de miles de familias.

Los empleos irregulares responden a una falta de empuje en la productividad y a la debilidad relativa de las inversiones, que limita la creación de plazas de calidad.

Además, la espera por las cifras oficiales de la Contraloría reduce la capacidad de diseñar políticas efectivas para contrarrestar la inestabilidad del mercado laboral.

Tal inestabilidad es uno de los principales riesgos sociales, cuyas consecuencias frenan la atracción de inversión y limitan la regularidad económica.

Subsidios

Según la Contraloría, los subsidios en 2024 sumaron $1,830 millones, $300 millones más que en 2023.

Este crecimiento refleja la necesidad del Estado de proveer programas para apoyar la demanda interna y mantener la estabilidad social.

Los principales programas fueron el Pase-U ($252 millones), “120 a los 65” ($178 millones), el subsidio al gas ($118 millones), el apoyo a la vivienda ($113 millones) y la estabilización de la tarifa eléctrica ($88 millones).

A esto se suman más de $300 millones del Tesoro Nacional para subsidiar las pensiones. Para el 2025, tal aporte ha aumentado a más de $900 millones para sostener la Caja del Seguro Social.

Si bien estos subsidios ayudan a suavizar tensiones, también elevan la carga sobre las finanzas públicas.

El reto central es que cada año se amplía el monto destinado a subsidios, lo que plantea preguntas importantes sobre su sostenibilidad en el tiempo.

Gasto

El gasto público en 2024 fue de $35,870 millones, lo que representa un alza de 12.8% frente a 2023.

El gasto de inversión aumentó $1,490 millones, es decir, 38.8% más. Sin embargo, parte de este gasto respondió al ciclo electoral más que a objetivos claros de desarrollo.

El problema de fondo en este rubro es que el gasto crece más rápido que los ingresos.

Y a esto se suman los compromisos fijos: los aportes al Seguro Social, las leyes de aumentos salariales automáticos y la norma que ordena destinar el equivalente del 7% del PIB a educación.

En el debate del presupuesto de 2026 ya se perciben los efectos de estas presiones sobre el gasto, con la Asamblea Nacional indicando que estará pidiendo más fondos para el próximo año.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación ya ha anunciado que está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un proyecto de ley para cambiar el marco del gasto mínimo en el sector educativo.

Tal cambio resulta urgente para modificar esta presión severa y arbitraria sobre las finanzas públicas.

Ahora bien, el informe del contralor confirma lo que ya advierten las calificadoras y organismos internacionales: el gasto público de Panamá tiene un componente estructural que dificulta la disciplina fiscal.

El déficit del sector público no financiero llegó a $6,420 millones en 2024 (7.3% del PIB), frente a $3,270 millones en 2023 (3.9% del PIB).

El MEF espera bajarlo en 2025 a menos de 4% con medidas de contención, pero no será una tarea fácil, precisamente por las presiones sobre el gasto.

Planilla

El informe del contralor también provee los números oficiales sobre el gasto público en planilla.

Según estas cifras, la planilla del Estado promedió 257,818 empleados al mes en 2024, 2,824 más que en 2023.

No obstante, el gasto en salarios pasó de cerca de $5,000 millones a $5,180 millones.

Los mayores aumentos se dieron en educación ($74.9 millones), salud ($21.5 millones) y seguridad ($14.2 millones).

Los datos indican que, aunque el número de empleados no crece con rapidez, el costo de la planilla sí lo hace.

Y el empleo estatal es además un asunto políticamente sensible: cualquier intento de reducir o controlar la planilla encuentra resistencia por distintos sectores.

Esta rigidez convierte a la planilla en una de las principales presiones estructurales sobre las finanzas del país.

Situación

El informe contiene más detalles que exploraremos en otras entregas, pero el panorama central es evidente. Panamá enfrenta debilidades estructurales en lo financiero.

El gasto crece más rápido que los ingresos, los subsidios aumentan cada año y la planilla se mantiene como una carga rígida.

Estas presiones impactan negativamente la percepción de la sostenibilidad de la deuda pública del país ante los mercados internacionales.

Cuando el Estado tiene que pedir prestado incluso para pagar salarios, la señal que se envía es de fragilidad.

Al final, urge revisar los números con cuidado y consolidar las finanzas públicas. Sumando y restando, solo con disciplina se podrá colocar al Estado panameño sobre bases firmes para garantizar que pueda operar con estabilidad en las próximas décadas.