Proyecto de Política Agroalimentaria: ¿Tendrá futuro esta ley?

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura desistió de su solicitud de pedirle al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, que vete los artículos 15 y 35 del proyecto de Ley sobre Política Agroalimentaria, que algunos productores califican como “una cartita al Niño Dios”.

Inicialmente, la Cámara de Comercio había señalado estos artículos como inexequibles, alegando que “pueden ser considerados inconstitucionales, y además podrían ocasionar que se eleven los precios de los alimentos, y fácilmente causar escasez, inclusive de productos básicos”.

El artículo 15 indica que serán consideradas instituciones del sector público agropecuario el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario, los institutos de Seguro Agropecuario, de Innovación Agropecuaria de Panamá, de Mercadeo Agropecuario, el Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas, la Autoridad de los Recursos Acuáticos, la Agencia Panameña de Alimentos, la Empresa Nacional de las Cadenas de Fríos, S.A. y cualquier otra que cree el Órgano Ejecutivo.

Por su parte, el artículo 30 se refiere a que las infraestructuras de almacenamiento, acopio, procesamiento y comercialización del Estado podrán ser utilizadas para procesar, almacenar y comercializar productos agroalimentarios para el mercado nacional, con excepción de aquellos rubros que no se produzcan dentro del territorio nacional, y que se demuestre por la autoridad competente el desabastecimiento o urgencia nacional.

“…luego de una serie de conversaciones sostenidas con altos representantes del sector primario, desistimos de nuestra anterior solicitud de veto parcial del Proyecto de Ley No.855, enviada el 13 de octubre de 2022, ya que consideramos que los artículos destacados podrán ser evaluados a la hora de la reglamentación de la disposición legal”, señala una nota enviada este 31 de octubre por la presidente del gremio empresarial, Marcela Galindo de Obarrio, al presidente Laurentino Cortizo Cohen.

Galindo de Obarrio aprovecha para poner el organismo empresarial a disposición para participar en dicha reglamentación, que “ya que es de nuestro interés apoyar el desarrollo y competitividad de nuestro sector agroalimentario, como hemos señalado en el documento Agenda País y en los diferentes eventos que realizamos”.

Carlos Salcedo, ministro consejero de Desarrollo Agropecuario, había calificado de “irresponsable” solicitar el veto de los citados artículos, alegando que “no atentan contra los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, en materia de acuerdos comerciales agropecuarios”.

En una misiva enviada a Nelson Rojas, secretario jurídico del Ministerio de la Presidencia, el funcionario agregó que “no son discriminatorios, no es una barrera de entrada al mercado, no se está prohibiendo las importaciones de productos”.

Ayer, Salcedo explicó que la anterior posición de la Cámara de Comercio respecto al artículo 35 fue en función de un lobby que hizo el “mini cartel de importadores de Merca” Panamá, aduciendo que no se debía limitar el uso de ese espacio solo a los productos nacionales.

Esto, dijo, es un “exabrupto, pues aquel que quiere importar puede pagar los impuestos y que haga su propio Merca, pero no utilizando infraestructuras públicas que las pagamos todos”.

Aseguró que esas son posiciones que se adoptan en función de intereses, “pero nosotros somos ministro de los productores”.

Salcedo también negó que las veces que se han hecho importaciones por desabastecimiento los precios han disminuido al consumidor, lo que indica que el argumento de los comerciantes se cae por su propio peso.

El ministro consejero detalló que este 31 de octubre la Cámara de Comercio envió una nota al presidente de la República, “a solicitud nuestra”, desistiendo de vetar los artículos nombrados, “lo que indica que todo se está manejando con inteligencia emocional y dándole al agro seguridad jurídica a través de una ley para que no esté al vaivén de los gobiernos importadores”.

Para la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), impulsar la actividad agrícola en el país requiere de más tecnología, abaratamiento de costos y formación, entre otros aspectos, y no de políticas partidistas que lo más seguro es que no perduren en el tiempo.

El proyecto de Ley sobre Política Agroalimentaria establece la creación de un Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado que será presidido por el ministro de Desarrollo Agropecuario o quien él designe, y estará integrado por 27 miembros, de los cuales 19 serán del sector privado y ocho del sector público.

De acuerdo a la normativa, el Consejo Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria se reunirá en forma ordinaria, cada cuatro meses en el año o de forma extraordinaria cuando lo estime conveniente el ministro de Desarrollo Agropecuario de turno, o cuando dos terceras partes de los miembros del Consejo lo soliciten por escrito.

Sobre este punto, Pedro Acosta Insturain, quien preside la Uncurepa, manifestó que el proyecto de ley, que está a la espera de la sanción presidencial, crea muchas instancias, a las que llama ejes, pero sin hablar de presupuestos.

“Hay artículos de esta nueva legislación que modifican normas vigentes de las instituciones del sector agropecuario, cuando se pudo modificar directamente las leyes de las entidades y así hacerlas más proactivas”, adujo Acosta Insturain.

Productores consultados sostienen que, aunque en público aplauden la iniciativa del proyecto de Ley sobre Política Agroalimentaria, en privado no creen que una ley, “que más parece una cartita al Niño Dios”, los proteja de los vaivenes políticos y del mercado.