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Tras más de una década de enfrentamientos judiciales, el foco del conflicto dejó de ser económico o mediático y se centra ahora, de forma exclusiva, en el bienestar emocional y psicológico de su hijo adolescente, de 15 años. La justicia estadounidense evalúa una medida extrema: separar al menor de ambos padres y enviarlo a un internado internacional como vía de protección.
El caso se dirime actualmente en Miami, donde las autoridades judiciales consideran que la incapacidad de los progenitores para alcanzar acuerdos básicos de coparentalidad ha creado un entorno de tensión constante para el joven. Ante este escenario, la opción del internado surge como una solución “neutral”, diseñada para alejarlo del conflicto familiar y garantizar su estabilidad emocional y académica.
Desde hace semanas, Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera enfrentan múltiples procesos relacionados con la custodia y el lugar de residencia del menor. El empresario español lleva más de seis años solicitando que se escuche formalmente el deseo de su hijo de vivir en España junto a su familia paterna. Sin embargo, el último año ha marcado un punto de inflexión, con audiencias especialmente tensas y decisiones que podrían cambiar de forma definitiva el rumbo de la vida del adolescente.
El momento clave llegará cuando el joven declare directamente ante la jueza, una instancia que ya fue pospuesta una vez y que cuenta con la autorización expresa de ambos padres. Será la primera vez que su testimonio se escuche sin intermediarios ni interpretaciones parentales. Esta declaración, que será pública, podría inclinar la balanza en un proceso que ha escalado hasta niveles inéditos.
Uno de los elementos más relevantes del expediente judicial es el testimonio de la guardiana legal del menor, conocida como la niñera judicial, cuya función es representar exclusivamente el interés superior del niño. En su declaración, se incorporó por primera vez de manera oficial una percepción alarmante: según el adolescente, ambos padres son tóxicos y lo mantienen en un estado de presión emocional constante.
El informe presentado ante la corte fue contundente. El hijo de Paulina Rubio manifestó un agotamiento emocional severo, una relación especialmente tensa con su madre y un deseo firme de vivir con su padre en España. No obstante, el documento también advierte sobre un apego excesivo hacia la figura paterna, considerado un posible factor de riesgo desde el punto de vista psicológico, al señalar que su principal motivación podría estar relacionada con su interés por jugar fútbol.
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A partir de este diagnóstico surge la recomendación más controvertida del proceso: que el menor sea enviado a un internado fuera de España, evitando que viva tanto con su madre como con su padre. La medida busca sacarlo del conflicto permanente, neutralizar influencias parentales y proteger su salud emocional. Aunque la propuesta contradice el deseo expresado por el propio adolescente, para el tribunal podría representar la única alternativa viable.
En paralelo, la conducta de Paulina Rubio durante las audiencias ha sido objeto de especial observación. La cantante ha faltado a varias citas judiciales y, en una sesión virtual reciente, se negó inicialmente a encender la cámara, lo que obligó a la jueza a intervenir. Fuentes cercanas al caso declararon que la artista “sigue deprimida” y que, al no arreglarse, “no quería encender la cámara”. Esta actitud, sin embargo, podría ser interpretada por la corte como una falta de implicación en el proceso.
El origen del conflicto actual se remonta a 2019, cuando Rubio presentó una moción urgente en una corte de Miami acusando a su exesposo de ocultar el paradero del niño, violar el acuerdo de custodia compartida firmado en 2014 y bloquear el contacto regular entre madre e hijo mediante llamadas y FaceTime. También lo señaló de involucrar al menor en un proceso de alienación parental y de retirarlo de la escuela sin previo aviso.
Colate negó públicamente estas acusaciones y afirmó en medios estadounidenses que no comprendía el objetivo de la demanda, sugiriendo que el momento elegido buscaba desestabilizarlo antes de su participación en un reality show.
Tras el divorcio iniciado en 2012, la expareja firmó en 2014 un acuerdo que estableció una pensión alimenticia cercana a los 7.000 dólares mensuales y formalizó la custodia compartida. Lejos de traer estabilidad, ese acuerdo marcó el inicio de una década de litigios que hoy alcanza su punto más delicado, con una decisión judicial que podría redefinir por completo la vida del hijo de Paulina Rubio.