Roberto Ruiz Díaz presenta denuncia penal contra el Ministerio de Ambiente por auditoría a la mina de cobre

Ciudad de Panamá/El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó una denuncia penal ante el despacho del procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, contra el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), al considerar que presuntamente incumplieron la Resolución de Gabinete No. 19 de 27 de febrero de 2024 al ordenar una auditoría integral a la mina Cobre Panamá, en lugar de la auditoría de cierre que, según sostiene, fue la instrucción expresa del Consejo de Gabinete a través de dicha resolución.

La denuncia, presentada al amparo del artículo 81 del Código Procesal Penal, solicita al Ministerio Público investigar la posible comisión de delitos relacionados con abuso de autoridad y extralimitación de funciones, por la forma en que se ejecutó el proceso de auditoría de la concesión minera ubicada en Donoso.

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¿Cuál es el fundamento de la denuncia?

De acuerdo con el documento compartido por el abogado en su cuenta de X, la Resolución de Gabinete No. 19 estableció las bases para implementar el Plan Ordenado de Cierre Definitivo de la mina Cobre Panamá, luego del fallo de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023 emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Como parte de ese plan, el Consejo de Gabinete instruyó al Ministerio de Ambiente a realizar una "Auditoría Ambiental de Cierre", cuyo propósito sería identificar la situación ambiental de la mina, evaluar los riesgos existentes y definir las medidas de mitigación necesarias para ejecutar el cierre definitivo de las operaciones, según se establece en el artículo 3 la resolución antes mencionada.

Sin embargo, Ruiz Díaz sostiene que MiAmbiente se apartó de ese mandato al contratar a la empresa SGS Panamá Control Services Inc. para desarrollar una "Auditoría Integral", figura que, a su juicio, no estaba contemplada en la resolución.

Según la denuncia, esa decisión modificó el objeto de la contratación pública y desnaturalizó el propósito original del proceso de cierre, constituyendo una presunta desviación de poder.

El abogado sostiene que, en lugar de concentrarse en los aspectos necesarios para el cierre definitivo de la mina, los términos de referencia obligaron a la empresa auditora a evaluar el estado de 370 compromisos ambientales, además de aspectos operativos, legales, laborales, tributarios y administrativos propios de una mina en funcionamiento.

Como resultado de ese proceso, la empresa emitió un informe compuesto por 15 tomos, en el que concluyó que la operación presentaba un 87.73 % de conformidad operativa.

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Para el denunciante, ese resultado "evidencia que se auditó el rendimiento de una mina activa y no un protocolo de clausura".

La denuncia presentada ante el Ministerio Público también sostiene que la contratación de una auditoría integral contradice no solo la Resolución de Gabinete No. 19, sino también el espíritu de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en 2017 y 2023, mediante los cuales se declaró la inconstitucionalidad de las normas que sustentaban la concesión minera.

Según el documento, mientras la resolución del Gabinete buscaba establecer un proceso de demolición, desmantelamiento y cierre definitivo de la mina, la auditoría ejecutada habría evaluado aspectos relacionados con la continuidad operativa de la concesión.

En ese sentido, el denunciante argumenta que el porcentaje de 87.73 % de conformidad carece de relevancia jurídica para un proceso de cierre y advierte que podría convertirse en un argumento técnico para sustentar una eventual reapertura de la actividad minera.

Como sustento jurídico, la denuncia cita los artículos 355 y 356 del Código Penal, relativos al abuso de autoridad y a la infracción de los deberes de los servidores públicos, al considerar que el Ministerio de Ambiente habría incumplido una instrucción de carácter obligatorio emanada del Consejo de Gabinete.

El pasado 1 de julio, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, fue consultado sobre el tema minero y aseguró que el Comité del Ejecutivo, conformado por los ministros de Ambiente, Comercio e Industrias y su persona, mantiene un análisis exhaustivo del informe de auditoría, el cual supera las 5,000 páginas y abarca aspectos ambientales, fiscales, laborales y de gobernanza.

“Estamos estudiando con la responsabilidad debida para formarnos un criterio responsable debidamente formado sobre la situación de la mina", señaló.

Aseguró que el principal objetivo del Gobierno es garantizar la protección del ambiente y que la mina cuente con la capacidad técnica y los recursos necesarios para ejecutar un futuro cierre.

"Nuestro propósito es proteger el ambiente y que esa mina tenga los recursos y la capacidad técnica para alcanzar un cierre ambientalmente sostenido", enfatizó el titular del MEF.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino,en su segundo informe a la Nación, dijo que será el primero en comunicar al país la decisión final sobre el futuro del proyecto minero, luego de la presentación de un informe técnico elaborado por expertos internacionales.

El mandatario enfatizó que las decisiones del Estado deben sustentarse en evidencia técnica. “Creo fielmente que todo lo que se realice debe basarse en información comprobable y válida”, afirmó, al tiempo que cuestionó las posturas extremas en el debate nacional. “Las posturas del sí porque sí y del no porque no intentan evadir argumentación lógica”, añadió.

Previamente, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, también se había referido al tema, asegurando que su postura sobre la actividad no había cambiado.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Navarro recordó unas declaraciones realizadas en enero de 2011, cuando, siendo dirigente político de la oposición (PRD) y ambientalista, calificó como "nefasto", "dañino para Panamá" y "tóxicopara nuestro futuro" el entonces proyecto de reforma al Código Minero que se discutía en la Asamblea Nacional.

Tras reproducir ese fragmento, el actual titular del Ministerio de Ambiente afirmó: "Yo dije esto hace 15 años y hoy lo repito mirándolos a los ojos. No me retracto de una sola palabra".

Navarro sostuvo que siempre consideró que la mina no debió construirse y aseguró que en su momento intentó impedir el desarrollo del proyecto.

El ministro señaló que actualmente la mina es una realidad y que existe un enorme reto ambiental que debe ser atendido.

Si desea conocer todos los detalles: Haga clic para entrar al link del informe de la auditoría integral