Ministra Carles y directora de Unicef inspeccionan albergue de Tocumen: 'No vamos a minimizar ninguna señal de alerta'

La visita realizada el jueves 12 de febrero se produce 7 días después de que la diputada Alexandra Brenes y el exencargado del CAI de Tocumen denunciaran los presuntos delitos.

Ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, directora de la Unicef y personal técnico en el Centro de Atención Intengral de la Senniaf de Tocumen / Ministerio de Desarrollo Social

Ante la investigación penal que adelanta el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de maltrato y abuso sexual infantil en perjuicio de niños refugiados en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, realizó una inspección a las instalaciones del albergue junto a la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Sandie Blanchet, y personal técnico.

“Esta acción está enmarcada en el compromiso firme que tenemos como institución de garantizar el interés superior del menor en todo momento. No podemos ni vamos a ser indiferentes ante ninguna situación que ponga en riesgo a nuestros niños y niñas”, afirmó la ministra.

Durante la visita, se inspeccionaron las áreas de atención y se sostuvieron reuniones con el personal del albergue. En el recorrido, los representantes de Unicef intercambiaron comentarios sobre los protocolos de protección y estándares de calidad en la atención a la niñez y la adolescencia.

Carles aseguró que el Gobierno Nacional, al conocer las denuncias que han surgido en torno al centro, se encuentra en el proceso de adoptar medidas concretas para que cualquier falla detectada sea corregida.

La visita realizada el jueves 12 de febrero se produce 7 días después de que la diputada Alexandra Brenes y el exencargado del CAI de Tocumen denunciaran los presuntos delitos.

Según Carles, la iniciativa forma parte de la estrategia de supervisión directa encaminada a fortalecer los mecanismos de protección infantil.

“Nuestra determinación es clara: que todo aquello que esté operando incorrectamente en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes sea corregido de manera inmediata”, aseguró.

Por su parte, la directora de Unicef subrayó la necesidad de fortalecer los estándares de protección y promover entornos seguros para la niñez.

“No vamos a minimizar ninguna señal de alerta. Tampoco vamos a especular; vamos a investigar de forma seria y objetiva”, indicó Carles.

Para responder por las múltiples irregularidades y presuntos delitos cometidos en perjuicio de niños y adolescentes de este centro, la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra para responder un cuestionario relacionado con los protocolos que se mantienen en la institución para garantizar que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes protegidos por el Estado panameño.

Denuncias

De acuerdo con César Pérez, exdirector nacional de Prevención de la Senniaf y exencargado del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, hace más de un año empezó a crear las alertas ante la dirección de la institución; sin embargo, nunca obtuvo respuestas o soluciones oportunas por parte de la directora Ana Fábrega.

Relató que en su intento por exponer la situación y buscar ayuda de las autoridades, incluso acudió ante magistradas del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, pero nunca llegaron a responderle.

Debido a la complejidad del caso y a las investigaciones en marcha, Pérez subrayó que existen “muchas cosas que no puede decir”, sin embargo, explicó una serie de irregularidades que presenció durante sus asignaciones técnicas, que precisamente buscaban evitar que los derechos de los niños fuesen vulnerados.

Señaló que cuando presentó los informes con las irregularidades recibió “ofensas” de parte de la directora, haciéndolo ver como si fuera el enemigo.

En su testimonio, aseguró que, por ejemplo, una coordinadora de La Chorrera presentó un informe de que se estaban “entregando niños sin los protocolos” y fue despedida, al igual que una coordinadora de Chiriquí, que presentó alertas.

Entre los casos que reveló se encuentran:

  1. Conoció el caso de un chico con “casi mayoría de edad”, que no podía caminar y había que cargarlo. El adolescente fue llevado al Centro de Salud de Tocumen, donde le detectaron tuberculosis crónica, y ya había contagiado a otros tres niños del área de infantes. “Tuve casi dos meses esperando para poder hacerle una cuarentena”, indicó.
  2. Otro caso fue el de un niño de la comarca Ngabe Buglé que tenía dos años de estar en el centro, pero sin tener cédula ni ningún tipo de documento.
  3. Ante la evasión de chicas y chicos de los centros, el protocolo del Senniaf, explicó Pérez, era dejarlos sin ropa de cambio, es decir, “quitarles la ropa y dejarlos con una sola ropa”, situación con la que estaba en desacuerdo, no obstante, otras funcionarias sí lo hacían.
  4. Un adulto con condiciones psiquiátricas se masturba delante de niños.

'Destitución'

Tanto la diputada Brenes como la sociedad civil y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá han solicitado la separación del cargo de los encargados en la entidad.

La Red de Apoyo a la Niñez manifestó su profunda preocupación por las informaciones de conocimiento público y las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre presuntos delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional.⁣ En un comunicado oficial, la organización solicitó medidas administrativas preventivas, incluyendo la separación temporal de la directora de Senniaf y de la directora de Protección de la misma institución, mientras duren las investigaciones.

Avances

El pasado 10 de febrero se realizaron diligencias en la Oficina de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, con la comparecencia de altos cargos administrativos y la atención prioritaria a las víctimas directas del proceso.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que Fábrega acudió este día a las oficinas judiciales.

Aunque su entrada y salida del recinto se dio bajo estricta reserva y fuera del alcance de los lentes de los medios de comunicación, se conoció que su presencia responde a la necesidad de evaluar la situación interna del albergue y rendir cuentas sobre las medidas adoptadas ante las denuncias.

A diferencia de la reservada llegada de los funcionarios, el equipo de prensa pudo registrar el movimiento de los niños, niñas y adolescentes residentes del CAI de Tocumen. Los menores fueron trasladados a la Unidad de Protección a Víctimas (Upavit), ubicada en el mismo edificio.

Una vez se recibió la denuncia, las actuaciones por parte del Ministerio Público se desarrollaron directamente en el CAI de Tocumen, donde peritos especializados y personal forense, realizaron verificaciones técnicas, inspecciones y el levantamiento de información relevante, con el fin de documentar de forma objetiva las situaciones observadas durante las diligencias.

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